Maturín | Caso Diosdado Cabello: tribunal ratifica delitos a detenidos en juicio de apertura

El Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal del estado Monagas dejó privados de libertad a los nueve hombres señalados de participar en un supuesto plan para detener y entregar al primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, al Gobierno de Estados Unidos

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Este 16 de agosto se realizó en el Palacio de Justicia de Maturín la audiencia de apertura de juicio contra los implicados en el supuesto plan contra Diosdado Cabello | Foto: Jesymar Añez

Maturín.- Este lunes 16 de agosto se realizó el juicio de apertura contra los nueve implicados en el supuesto plan para entregar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, a las autoridades de Estados Unidos. La audiencia se realizó en el Palacio de Justicia de Maturín durante la tarde del lunes y duró dos horas.

El juicio fue ordenado por el Juzgado Segundo de Control, que había fijado como fecha de inicio el 21 de julio. Esa vez no se realizó la audiencia de apertura porque las boletas de citación no llegaron al Centro Penitenciario de Oriente, también conocido como cárcel de La Pica.

Este 17 de agosto, El Pitazo conoció que el Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal del estado Monagas ratificó la privativa de libertad para los nueve detenidos, así como los cuatro delitos por los cuales fueron imputados. Además, acordó que la próxima citación será el 1 de septiembre de 2021.

Los delitos por los cuales fueron detenidos los hombres son traición a la patria, conformación de grupos armados, asociación para delinquir y tráfico de armas y munición. Desde diciembre de 2020, las familias de los privados de libertad denuncian que no hay pruebas físicas que demuestren la supuesta participación de cada uno de ellos en el presunto plan contra Diosdado Cabello.

Francisco Marcano, César Belfort, Luis Villarroel, Enrique Parada, Carlos Pérez, Daniel Aguilera, Víctor Farías, José Ramón Cruz Marcano y Gabriel Medina son los implicados. Todos fueron arrestados por comisiones del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en distintas fechas, comprendidas entre marzo y mayo de 2020.

Las familias también han denunciado que en las detenciones también ocurrieron irregularidades, como que fueron por hechos distintos por los cuales fueron imputados. Se trata de un caso que está en manos de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan.

El 19 de febrero, los familiares entregaron vía correo electrónico los documentos que sustentan las irregularidades cometidas durante el proceso contra los nueve hombres, así como la violación de sus derechos humanos. En los documentos, enviados tres veces a Douhan, las familias relatan que en los allanamientos realizados en sus casas hubo irregularidades.

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