Caracas.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas presentó su primer informe oral en el que, entre otras cosas, investigan las causas de más de 200 asesinatos cometidos por fuerzas policiales, por los que se mostró preocupada debido a la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales.
Marino Alvarado, integrante de la organización no gubernamental Provea, señaló que una de las cosas resaltantes de este informe es que los integrantes de la misión presumen que, de acuerdo con las investigaciones que adelantan sobre las violaciones de derechos humanos, estas pueden constituir crímenes de lesa humanidad. El defensor de derechos humanos destaca, además, que la misión señala que estas investigaciones deben ser tomadas en cuenta por los Estados democráticos para activar la jurisdicción internacional y poder adelantar procesos de justicia.
Se refirieron a lo que califican como la mayor operación de seguridad de lo que va de año realizada en La Vega, Caracas, el pasado mes de enero. «Tenemos indicios de que algunas de estas muertes corresponden a ejecuciones extrajudiciales. Estaremos investigando las cadenas de mando y establecimiento de responsabilidades de presuntos crímenes de lesa humanidad. Además, profundizaremos en la investigación de las medidas tomadas por el sistema de justicia», dijo la jefa de la misión, Marta Valinas, durante la actualización del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Alvarado recuerda que los integrantes de la Misión solicitaron información al gobierno de Nicolás Maduro, la cual ha negado enviar así como han solicitado ingresar a territorio venezolano y también se les ha negado.
“El gobierno de Maduro, de forma tramposa y deshonesta, descalifica el trabajo de la misión diciendo que no están en el país, pero no se lo permite, y que no tienen contacto con instituciones cuando también se les niega la información”, dice Alvarado.
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Explica Alvarado que la jurisdicción internacional otorga facultades a los Estados para juzgar a personas vinculadas a violaciones de derechos humanos aunque esos delitos no hayan ocurrido en ese territorio y aunque las personas no tengan la nacionalidad de ese país.
La misión tiene conocimiento además de más de 20 detenciones arbitrarias, al parecer motivadas por razones políticas. Nueve de estos detenidos fueron periodistas, a quienes se les decomisaron sus equipos de trabajo.
Valinas también señaló la gravedad de la detención arbitraria del médico residente colombo-ecuatoriano Antonio José Amell Cantillo, ocurrida en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (Chet) de Valencia, estado Carabobo. Supuestamente, Amell Cantillo traficaba en divisas con medicamentos como Remdesivir, considerados esenciales para controlar casos de Covid-19. «Ya tiene 4 meses detenido sin fecha de juicio», apuntó.
Alvarado sostuvo que en septiembre se espera que la Misión presente un informe escrito detallado de los hallazgos de las investigaciones.
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