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jueves, 8 diciembre, 2022

Marino Alvarado: informe ONU profundiza responsabilidad de la cadena de mando en torturas

El defensor de los derechos humanos Marino Alvarado fue el invitado del Twitter Space moderado por César Batiz, director de El Pitazo. Puntualizó que en muchos casos no se investigó la cadena de mando y que los funcionarios no actúan sin que la alta jerarquía de contrainteligencia tenga conocimiento

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Caracas.- El tercer informe sobre Venezuela que presentó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) profundiza la responsabilidad de la cadena de mando en las torturas y detenciones arbitrarias ocurridas en el país. Así lo precisó este jueves, 22 de septiembre, Marino Alvarado, activista de los Derechos Humanos, en el Twitter Space realizado por El Pitazo y moderado por César Batiz, director del medio.

En este sentido, Alvarado recordó que el informe presentado el pasado 20 de septiembre, señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

El activista recordó además que el documento se centró en el sistema de justicia venezolano, el cual «ha servido no solamente para garantizar impunidad, sino también ha sido factor para perseguir y para que en Venezuela se produzcan graves violaciones de derechos humanos».

Los testimonios confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia, revelaron incluso los lugares clandestinos donde se ejercían las torturas.

Alvarado resaltó que este tipo de actuaciones ocurren por parte de un gobierno que se autodefine de izquierda o revolucionario, pero que ha tenido una práctica peor de las que ocurrieron en el pasado. «La promesa rota de un gobierno que no iba a repetir los hechos de la década de los 70, 80, 90, pero resulta que sí hemos tenido masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas». De allí que calificó al gobierno de Nicolás Maduro como uno que engaña y que funciona con un discurso incoherente.

Represión y cadena de mando

El defensor de los DD. HH. agregó que el informe detalla las heridas de una represión y lo resumió en diversos puntos:

Las detenciones sin orden judicial y con una práctica de señalar a las personas por un delito en medios públicos donde son desacreditados. Luego se les aísla con desaparición forzada por días o meses, donde no tiene posibilidad de tener contacto con su familia y abogados. En ese tiempo puede recibir torturas y no tiene atención médica o la tiene con omisión de información por parte del personal médico que se hace cómplice.

Añadió que en muchos casos, se ha contado con el aval del fiscal designado la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, para garantizar la impunidad. Puso como ejemplo, el asesinado el capitán Acosta Arévalo, donde hubo un juicio a priori que llegó a una condena que luego fue anulada y obligó al fiscal a tener que hacer una nueva acusación, esta esta vez por homicidio y tortura, para una sentencia final fue de 27 años de cárcel.

Lo que destacó Alvarado fue precisamente que en este caso no se investigó la cadena de mando. Explicó que esos dos funcionarios no actuaron sin que la alta jerarquía de la dirección general de contrainteligencia militar tuviesen conocimiento de las prácticas de tortura.

Agregó que muy probablemente y como pate de la cadena de mando, el gobernante Nicolás Maduro ha tenido conocimiento de los maltratos. Por lo que él también tiene responsabilidad, al igual que otros altos funcionarios públicos.

Es así como aprovechó para enviar un mensaje a los funcionarios del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgecim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para recordarles que la justicia tarda, pero llega. «Ellos reciben órdenes a veces para torturar, para hacer detenciones arbitrarias», puntualizó.

Recordó a los funcionarios que la Constitución dice que la obediencia indebida no existe en materia de derechos humanos, que no pueden justificar que recibieron órdenes. «La Constitución le da el derecho penal de negarse a cumplir órdenes que sean contrarias a los derechos humanos», recalcó.

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