Caracas.-Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se pronunciaron este 25 de octubre para mostrar su consternación por el asesinato del líder de Voluntad Popular Edwin Santos, hecho confirmado horas antes por familiares y el exgobernador del estado Táchira César Pérez Vivas.
Por un lado, la fundadora del partido Vente Venezuela manifestó que el suceso es desgarrador y recordó a Santos como «un joven líder político, voluntario católico y padre de dos niños chiquitos». Añadió que él fungía como director del Comando Con Venezuela de la parroquia San Camilo en El Nula, estado Apure.
Lo describió como «un hombre bueno y alegre que amaba a su tierra y se entregó a luchar por su democracia». Lamentó además que haya sido hallado muerto junto al puente del Nulita, «sobre el cual él había hecho tantas denuncias por su pésimo estado».
Asimismo, María Corina Machado expresó que la situación «ha escalado a otro nivel de violencia y maldad. Un ciudadano es secuestrado por razones políticas, asesinado estando bajo el poder de fuerzas de seguridad y abandonado su cuerpo en la calle». Por estas razones exigió que se aplique la justicia internacional «por los crímenes de lesa humanidad que aumentan en Venezuela».
Oposición responsabiliza al gobierno de Maduro por la muerte de Edwin Santos
Por su parte, el presidente electo de Venezuela, según organismos nacionales e internacionales, Edmundo González Urrutia, también mostró su indignación por la muerte de Santos y se unió a la exigencia de Machado. Afirmó que se mantendrá atento a la investigación del caso.
«La verdad debe conocerla todo el país. Edwin era un joven comprometido con la democracia, con su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad», escribió González Urrutia en X.
Una posible ejecución extrajudicial
El luchador político apureño fue aparentemente detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denuncias de testigos, y luego fue hallado sin vida en la vía que conecta El Nula con El Piñal, en el estado Táchira.
Esta situación ha hecho que la ONG Provea considere: «Estamos ante una posible ejecución extrajudicial y crimen de lesa humanidad que podría formar parte de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, así como también de la investigación Venezuela I de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», por lo que cree que se debe hacer una investigación imparcial e independiente del caso.