El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló este miércoles con la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de esta materia en el país, luego de que el Gobierno haya sido señalado como responsable por crímenes de lesa humanidad.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter de la «fructífera reunión de trabajo» entre Maduro y Bachelet, que se llevó a cabo de manera telemática.
«Avanzamos en la cooperación con su oficina en Ginebra y su equipo en Venezuela. Un diálogo constructivo, respetuoso por la garantía de los derechos humanos de nuestro pueblo», sostuvo.
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Maduro, siempre según Arreaza, explicó a la alta comisionada «la importancia del informe» gubernamental sobre derechos humanos que fue presentado este mes en respuesta a otra documentación crítica referida a esta materia que fue hecha por una Misión Internacional a instancias de la ONU y respaldada posteriormente por Bachelet.
«El Gobierno bolivariano sigue activo en todos los espacios de la ONU, en defensa del multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la paz», agregó el jefe de la diplomacia venezolana.
Según la investigación internacional para determinación de los hechos que ya fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
La llamada revolución bolivariana ha desestimado este informe al subrayar que se trata de un trabajo de expertos contratados por la ONU que no visitaron Venezuela ni tuvieron en cuenta la información al respecto que manejan las instituciones del país.
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Bachelet, entretanto, expresó la semana pasada ante el mismo Consejo su preocupación por las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre, y denunció obstrucciones a los partidos opositores en los preparativos para esos comicios.
En su informe, que actualiza el que ella misma presentó en julio de 2019, también se denuncia «el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones de seguridad» y da cuenta de más de 2.000 asesinatos de este tipo en lo que va de año, 711 de ellos entre junio y agosto.
Bachelet recomendó al Ejecutivo venezolano la disolución del grupo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales, un requerimiento que Maduro ha desoído y, en cambio, el gobernante ha respaldado el trabajo de ese cuerpo de seguridad.
Pese a las grandes diferencias y desacuerdos entre Bachelet y el Gobierno de Venezuela, puestas de manifiesto públicamente por Maduro y otros funcionarios con duras críticas hacia la alta comisionada, el canciller aseguró que el diálogo fue «respetuoso», pero no explicó si hubo acercamiento sobre las recomendaciones de la expresidenta chilena, hasta hoy ignoradas por el Ejecutivo.