Por Redacción El Pitazo
Desde el 31 de julio, Ángel Ramírez, de 16 años, se encuentra privado de libertad. Al estar expuesto a un espacio por el que fluyen desechos humanos, sufrió de sarna en el cuello y las muñecas durante sus primeros seis días de detención en Zona 7, una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta. Pese a esto, aún no ha sido liberado por las fuerzas de seguridad del Estado.
“Lo tenían en una parte que llaman ‘inframundo’, donde desembocan las cloacas, la orina”, reveló a El Pitazo Nérida Ruiz, madre de Ramírez, quien ahora se encuentra en la Casa de Justicia 431, centro de detención ubicado en El Cementerio. Ella fue una de las representantes que exige la liberación de los 70 menores de edad que aún siguen detenidos por los hechos ocurridos tras las elecciones del 28 de julio.
Ruiz y otras madres fueron este 21 de octubre a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Allí denunciaron las situaciones inhumanas que viven sus hijos, los problemas de salud que sufren y pidieron que intermedien por ellos para que sean liberados.
En las oficinas de Unicef ubicadas en Altamira, municipio Chacao, entregaron un documento que pide a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interceder por la liberación de los jóvenes. Un secretario recibió la solicitud y aseguró que leerían sus peticiones.
La madre de Ramírez explicó que quienes la atendieron fueron receptivos y prometieron dar una respuesta. “Los vi interesados, nos pidieron paciencia para darnos una respuesta”, agregó.
El 24 de octubre, su hijo tendrá 17 años. En vísperas de su cumpleaños, se encuentra triste y con problemas de salud. Tras verlo el 18 de octubre, 2 días después de sus audiencias preliminares, pudo hablar con él. “Pensó que se iba a ir, que lo iban a soltar, está muy mal”, lamentó.
Ramírez fue detenido porque lo vincularon con el saqueo de un concesionario de motos Bera en la parroquia El Valle. Su madre denunció ante las fuerzas de seguridad que uno de los vehículos había sido abandonado cerca de su hogar. “La policía llegó y allanó mi casa”, reveló.
Cuando las autoridades entraron a la vivienda, observaron que el hijo de Ruiz enviaba mensajes. “Tú sabes quién se llevó la moto”, afirmó uno de los agentes. Ángel, quien cuidaba a su hermano de 1 año, solo le avisaba a un amigo que la policía estaba en su casa.
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“Lo detuvieron por el caso de la moto, ahora le imputan terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto”, explicó su madre, quien recordó que el joven, además de estudiar, la ayudaba con los quehaceres del hogar mientras ella trabajaba. “Mi día a día es fuerte”, expresó a los medios de comunicación presentes.
Ramírez le dijo que ha vivido cosas que nunca pensó vivir. “Hay cosas que no me cuenta para que no me ponga mal”, comentó. Si bien le aseguró que no lo golpearon, contó que “ha vivido cosas feas” durante el período que ha estado preso.
Los grupos de WhatsApp
Katherine Martínez y Ana Terán son otras dos madres que asistieron a la concentración por la libertad de los adolescentes detenidos durante el período postelectoral. Sus hijos, una menor de 17 años y otro de 16, respectivamente, fueron arrestados por pertenecer a «grupos de WhatsApp opositores”.
“Mi hija tiene un soplo en el corazón”, reveló Katherine Martínez sobre Irene Corrado. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) arrestó a la menor de edad, que iba a entrar próximamente a la universidad para estudiar Derecho, el 4 de agosto. La adolescente le dijo a su madre que ha sufrido ataques de pánico durante su detención.
Al hablar con El Pitazo, Katherine recordó que Irene sentía que “el corazón se le iba a salir”. Ante esa situación, reafirmó su inocencia y la de todos los jóvenes detenidos, porque “no hay nada que los inculpe”.
El delito que se le imputa a la hija de Martínez es incitación al odio. Fue privada de libertad cuando acompañó a su padre a hablar con el Cicpc el 4 de agosto, ya que había sido citado y acusado de daño a la propiedad.
Cuando madre e hija entraron a ver cómo estaba el padre de la familia, las fuerzas de seguridad les decomisaron los teléfonos y revisaron los grupos de WhatsApp a los que pertenecían. Al momento de retirarse con su hija, le dijeron a la madre: “no, ella se queda porque es a quien buscábamos”.
Terán contó que su hijo “está desesperado por salir”. Una comisión del Cicpc lo detuvo en su casa luego de revisar su teléfono y observar los grupos de WhatsApp a los que pertenecía.
“Está perdiendo sus clases, sigue encerrado y eso le ocasiona problemas”, explicó la madre. La ansiedad es el sentimiento principal en su hijo, mientras está privado de libertad en un centro de detención y no en clases de quinto año, curso que iba a iniciar en el último trimestre de 2024.
A casi tres meses de la detención de sus hijos, las madres se aferran a la esperanza de haber sido escuchadas por Unicef y que eso ayude en la liberación de los menores de edad. Una cosa es segura para cada una de ellas y lo reafirmaron en la concentración: “todos son inocentes de lo que les imputan”.
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