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viernes, 29 marzo, 2024

Le meterán lupa a calabozos policiales por años de denuncias y motines

Tarek William Saab informó que este 16 de octubre iniciará un plan para desahogar los centros de detención preventiva, que según la ONG Una Ventana a la Libertad albergan 60.000 de los 110.000 presos que había en Venezuela hasta el primer semestre de 2019

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El gobierno de Nicolás Maduro anunció este 15 de octubre un plan de descongestionamiento de los centros de detención preventiva, considerados como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la Constitución estipula que los internos no deben permanecer en ellos más de 48 horas.

Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informó a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa de desahogar los calabozos nació como parte de la preocupación del gobierno que representa por garantizar la justicia y los derechos humanos. Saab no estuvo solo, lo acompañó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el director del Sebin, Gustavo González López, y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.

De acuerdo con Saab, desde el miércoles 16 de octubre iniciarán las primeras acciones para disminuir el hacinamiento de los centros de detención en el ámbito nacional, primero en la Gran Caracas y luego irán por los que están situados en los ocho estados con mayor índice poblacional. 

La medida ha sido anunciada para los calabozos de la Guardia Nacional y del Cicpc, a pesar que los que agrupa la Policía Nacional Bolivariana son los que tienen mayor cantidad de denuncias de motines y homicidios, como la Zona 7, ubicado en Boleíta, municipio Sucre, donde el pasado 7 de septiembre se registraron dos muertos como consecuencia de una fuga masiva en la que escaparon más de 30 detenidos.

También se omitió a los calabozos de las policías estadales, donde también se han registrado hechos que lamentar, un ejemplo es la masacre de PoliCarabobo, dónde 69 privados de libertad fallecieron calcinados el 28 de marzo de 2018 debido a un incendio durante un supuesto motín que protagonizaron los reos, en protesta A una requisa organizada por los custodios.

¿Qué lleva al gobierno a anunciar esta medida?

El 31 de julio, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad ofreció una radiografía de lo que se vivió en 203 centros de detención preventiva durante los primeros seis meses de 2019. La investigación que se focalizó en los calabozos ubicados en las zonas con mayor población del país: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira, nuevamente, alertó a la población de lo que se vive puertas adentro de estos centros, cuya Fran mayoría se encuentran muy de conjuntos residenciales, escuelas y colegios.


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Según datos de la organización no gubernamental de los 110.000 presos que hay en Venezuela, al menos 60.000 están ubicados en los calabozos policiales, y es por ello que son víctimas de hacinamiento, enfermedades, y falta de instalaciones óptimas para cumplir una condena como lo son comedores, baños para damas y caballeros, canchas deportivas, y celdas mayores a tres metros de ancho por tres metros de largo.

La diputada a la Asamblea Nacional Yajaira Forero responsabiliza a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela de esta realidad. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, también la señala e indica que el Código Orgánico Procesal Penal establece que al ministerio que encabeza le corresponde velar por los derechos humanos y la vida de los privados de libertad.

A pesar de las acusaciones, en los últimos años la ministra Varela ha negado su cuota de responsabilidad en lo que se vive en los centros de detención preventiva. El pasado 2 de abril de 2018, días después de la masacre de PoliCarabobo, indicó que lamentaba lo sucedido, pero que la cartera que representa no le correspondía darle reparo a los familiares de las víctimas, porque «los calabozos policiales son función policial».

El último informe de Una Ventana a la Libertad, publicado el 31 de julio de 2019, detalla que hasta el 31 de junio de este año bmurieron 119 detenidos; 26 de ellos fallecieron en intentos de fugas o evasiones exitosas, otros fallecieron en golpizas, motines, y enfrentamientos entre reclusos. Respecto a los muertos por enfermedades se calcula que 20 hombres fallecieron luego de padecer tuberculosis y paludismo.

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