Caracas.- Faltan 21 días para que Rocío San Miguel cumpla un año detenida y aún su juicio no ha comenzado. Tampoco se le ha permitido tener una defensa privada, así como no le han dado las condiciones sanitarias óptimas para ser operada de una fractura que sufrió y que mostraron bajo la custodia de los cuerpos de seguridad de Venezuela.
La abogada, que es considerada por el Estado venezolano como parte de un plan para atentar contra Nicolás Maduro, apenas ha podido tener contacto con su hija y sus abogados de confianza. Con el dolor de su lesión y las acusaciones de terrorismo que hay sobre ella, espera comparecer, sin garantías procesales, ante un juez el próximo febrero.
Desaparecer para aprisionar
La detención de la activista y abogada se produjo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, mientras esperaba abordar un avión con su hija, Miranda Díaz, para viajar a Miami, Estados Unidos. Desde ese 9 de febrero hasta el día 11, no hubo información sobre ella.
Durante ese período de incertidumbre, organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de la sociedad civil alzaron su voz para señalar que este caso demostraba el recrudecimiento de las violaciones a los derechos fundamentales.
“Su detención constituye un hecho muy grave que evidencia el progresivo cierre del espacio cívico”, afirmó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Bajo esa misma línea, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) dijo que su arresto se enmarcó “dentro del patrón de criminalización, los ataques y las amenazas contra los defensores de derechos humanos”.
Tanto Rocío como Miranda, desde 2012, están amparadas con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), algo que no le importó a los cuerpos de seguridad cuando decidieron actuar sobre ellas.
En la tarde del 11 de febrero de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, habló por el Estado al confirmar el arresto de la activista, pero sin especificar el lugar de su detención y reclusión, tampoco el órgano policial que la detuvo y la orden del tribunal.
“Hay una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio ‘Brazalete Blanco”, señaló.
El objetivo de la supuesta operación mencionada por el funcionario era atentar contra Nicolás Maduro; atacar unidades militares en San Cristóbal, en el estado Táchira, y otras entidades del país.
Ante la imposibilidad de localizarla, los defensores privados de San Miguel presentaron un amparo por su libertad y seguridad personal. “No hay manera de saber dónde está, cómo ayudarla, defenderla y apoyarla”, dijo el abogado Juan González.
La situación se agravó el 12 de febrero, ya que el círculo cercano de la activista desapareció. Además de Miranda, sus dos hermanos, Alberto y Miguel Ángel, el padre de su hija, Víctor Díaz, y su expareja, Alejandro González, no respondían a las llamadas y mensajes de los abogados.
“Vean la gravedad de la situación, es una detención que se extiende a su familia, a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente”, declaró el abogado González, quien denunció las desapariciones forzadas de los parientes.
A las 9:45 p.m. de ese día apareció nuevamente el fiscal Saab para imputar a la activista de los delitos de asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria, “entre otros”.
Además, acusó a Alejandro González de revelar secretos políticos y militares, y obstruir la administración de la justicia. Para el resto de sus parientes, solicitó medidas cautelares con presentación periódica.
Esa noche, San Miguel fue llevada a una audiencia de presentación sin defensores de su confianza, luego de cumplir casi 100 horas incomunicada y con cinco de sus familiares detenidos.
A la mañana siguiente, el abogado González confirmó la liberación de cuatro de los parientes de San Miguel, quienes no podían declarar ante los medios de comunicación ni salir del país.
No obstante, su expareja, Alejandro, quien es un coronel retirado, fue privado de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Por otra parte, a la abogada se le decretó la medida de prisión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide.
El 14 de febrero, Saab descartó que la detención de San Miguel, quien estuvo más de 48 horas desaparecida y se mantuvo incomunicada durante el proceso, haya sido una desaparición forzada. “Es imposible que exista esa cualidad”, insistió al volver a pronunciarse sobre el caso en una transmisión nacional.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define una desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro u otra modalidad de privación de libertad que es cometida por agentes de un Estado, quienes luego niegan haberla ejecutado o ocultan el paradero del desaparecido.
Asunto diplomático
Además de ser venezolana, San Miguel es ciudadana española. Por lo tanto, aparte de Control Ciudadano y las 200 organizaciones no gubernamentales que reclamaron por su liberación, la gravedad del caso escaló a otras instancias cuando el Gobierno español abordó la situación.
La Embajada de España, según reportó Europa Press por medio de una fuente, inició gestiones con las autoridades venezolanas para prestar asistencia consular y garantizar el respeto de sus derechos luego de conocer su detención.
Junto con España, países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, así como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se pronunciaron para pedir que fuese liberada.
Incluso, Radio Fe y Alegría informó que el cónsul español en Caracas, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió con Miranda Díaz una semana después del arresto de San Miguel. El funcionario también hizo una solicitud para que sus familiares pudieran verla.
Otra de las autoridades españolas que se interesó por la detención fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien dialogó al respecto con su homólogo venezolano, Yvan Gil.
En medio de las gestiones diplomáticas, funcionarios de la Dgcim allanaron la casa de San Miguel e incautaron 20 mapas de zonas estratégicas que datan de los años 1.900. Uno de sus defensores, Joel García, le aclaró a El Pitazo que eran materiales que la activista usaba cuando era docente de seguridad y defensa en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden).
Cuando se cumplieron nueve días de haber sido detenida, la activista pudo ver a su hija quien, según lo descrito por el abogado García, dijo que su madre se veía fortalecida y segura de su inocencia. “Sabe que no existe nada que la comprometa en los delitos que le imputan”, agregó.
Rocío San Miguel cumple 10 meses detenida
En paralelo, Saab ofreció detalles sobre la operación Brazalete Blanco y aseguró que San Miguel “fungía como espía a través de parejas o por medio de relaciones públicas con funcionarios de las Fuerzas Armadas”. Además, dijo que recibió un pago de una transnacional petrolera por entregar información a un embajador europeo del sistema de defensa antiaérea de Venezuela.
Al mes de estar detenida, San Miguel le envió un mensaje a las autoridades. “Solicitó que se le ablande el corazón a las personas que toman las decisiones para que le concedan la pronta libertad”, reveló García. A un mes de cumplirse un año de su arresto, continúa en El Helicoide.
Estado de salud
Durante su arresto, a la activista se le han violado derechos fundamentales como la libertad y seguridad personal, el cumplimiento de un juicio justo, la libertad de expresión y la protección judicial. También, según Defiende Venezuela, hay informes de ONG que denunciaron las condiciones deplorables y su aislamiento prolongado.
En medio de la serie de violaciones que soportó, San Miguel fue reconocida al ganar el premio Responsabilidad y Coraje de la organización Forum 2000 en octubre de 2024, cuando había pasado 248 días detenida. Al no poder asistir, la abogada Tamara Suju lo recibió en su nombre.
Durante diez meses la abogada no fue vista públicamente en fotos o videos, hasta que se filtraron imágenes de ella en prisión recibiendo asistencia médica. Esta visita se debió a la necesidad de operarse quirúrgicamente por sufrir una lesión en su hombro derecho.
Aunque San Miguel fue diagnosticada en diciembre, el abogado González le explicó a la Agencia EFE que la fractura ocurrió cuatro meses antes. En ese período no fue debidamente atendida, el dolor la molestaba y fue tratada con analgésicos.
Ante este escenario, Provea junto a otras ONG emitieron comunicados insistiendo en que no podía ser sometida a una cirugía “en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”.
Un mes después de la denuncia hecha por su defensa, no se ha reportado que San Miguel haya sido operada. La prohibición a una asistencia legal privada sigue vigente y el inicio de su juicio, cuya primera audiencia estaba prevista para el 18 de diciembre, fue diferida hasta febrero de 2025, cuando cumplirá un año detenida arbitrariamente.
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