El Despacho de la Presidencia encargada de Venezuela publicó esta sábado 29 de junio un comunicado en el que condenó formalmente el asesinato del capitán de la Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo, y solicitó transparencia en las investigación del caso.
«El pasado 24 de junio alertamos sobre el secuestro de un grupo de profesionales militares y policiales, de la Fuerza Armada Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por parte de los cuerpos represivos del régimen usurpador. Desde ese mismo día empezamos a recibir información sobre los malos tratos, torturas y violación de derechos humanos a las que estaban siendo sometidos y lo hicimos del conocimiento de la opinión publica nacional e internacional», expresa.
El texto, firmado por Juan Guaidó, señala que actualmente 200 efectivos militares se encuentran arbitrariamente detenidos, siendo parte de los más de 700 presos políticos contabilizados. Ante esta situación, señalaron que acudirán a instancias como la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a la cual entregarán cuatro exigencias fundamentales.
En primer lugar, solicitan de manera inmediata el empleo de un equipo forense independiente que se encargue de la autopsia del militar asesinado, con el fin de dar con la causa real de su muerte. Igualmente, que se revise de manera urgente e imparcial los casos de torturas y desapariciones forzosas de funcionarios de Fuerza Armada Nacional.
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Exigieron a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro entregar una fe de vida de todos los militares desaparecidos, a su vez de permitir una verificación del estado de salud de todos los detenidos, especialmente de los recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
«Al régimen usurpador ya no le basta con realizar detenciones, violando el debido proceso, no se conforman con desaparecer a los detenidos sin respetar ninguna norma jurídica, les son insignificantes las medidas de protección de los órganos nacionales o internacionales dictadas a favor de los detenidos», agregó.
El mandatario encargado recordó en el comunicado que ya se han registrado otros casos de muertes de personas bajo custodia de los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, como es el caso del suicidio del piloto Rodolfo Suárez, conocido como «El aviador», por las torturas recibidas durante su arresto, o el caso del concejal Fernando Albán, quien cayó de manera sospechosa del piso 10 del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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