Caracas.- Interpol recordó que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas. La organización no quiso comentar la demanda recibida del gobierno de Maduro para que se lanzara una «alerta roja» contra uno de los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia.
Al preguntarle este viernes, 8 de noviembre, sobre la solicitud del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en contra de González Urrutia, un portavoz de Interpol respondió a la agencia de noticias EFE que no podía comentar casos individuales.
No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la organización prohíbe cualquier uso del sistema de Interpol por razones políticas.
Fiscalía pide la alerta roja a Interpol contra Edmundo González Urrutia
El fiscal general de Venezuela pidió que Interpol emitiera una alerta roja en contra de González Urrutia, que se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre. Según la información que publica el diario El Tiempo, la solicitud se hace por los delitos de conspiración, usurpación de la identidad y forjamiento de documentos.
El diario afirma que a González Urrutia también se la acusa de instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento de las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación y legitimación de capitales.
Alerta roja
El sistema de las alertas rojas de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.
Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión interna, a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.
La organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades de esos países, en particular para detectar aquellas que pueden encubrir algún tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos.