Caracas.- Uno de los organismos de control financiero que más ha seguido la pista del gobierno de Nicolás Maduro es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La mañana del 12 de septiembre, 16 nuevos funcionarios recibieron una notificación: la congelación de sus bienes y restricción de visas que prohíben su tránsito en suelo estadounidense. La razón principal de estas penalizaciones, según la oficina, fue impedir un proceso electoral democrático en Venezuela el 28 de julio.
Con el objetivo de analizar la influencia que pueden tener las sanciones en las próximas semanas, El Pitazo entrevistó al diplomático y director de la ONG Canada-Venezuela Democracy Forum, Josué Ramírez, y al internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Erick Rozo. Ambos concluyeron que las restricciones incentivarán a otros países a establecer medidas similares contra los funcionarios venezolanos.
Coordinar los esfuerzos
Hasta mediados de septiembre, 140 funcionarios aliados de Nicolás Maduro han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Sin embargo, no es la única organización que ha establecido restricciones. Hace cuatro meses la Unión Europea (UE) prorrogó sus inhabilitaciones impuestas desde 2017, aunque levantó algunas que pesaban sobre ciertos particulares, uno de los cuales es el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso. El objetivo era asegurar “el buen desarrollo de las elecciones”, según el portavoz Peter Stano, pero esto no ocurrió.
Cuatro meses después de ese gesto, la comunidad europea no reconoce la victoria de Maduro proclamada por el órgano electoral. También continúa exigiendo a los rectores que muestren las actas emitidas por las mesas de votación, de las cuales 83,5 % fueron publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cinco días después de los comicios. Esos documentos reflejan una victoria de Edmundo González Urrutia, a quien aún la UE no considera presidente electo y está exiliado en España.
Para Ramírez, es necesario que las organizaciones internacionales y los Estados actúen de forma coordinada y así hagan efectivas las sanciones, de tal forma que haya una medida que ejerza más presión sobre los funcionarios.
“No deben ser solo sanciones a individuos, sino que también hay que investigar la parte financiera por los posibles testaferros. Los gobiernos tienen mucha capacidad de inteligencia para saber cuándo y cuántos fondos de dudosa procedencia se mueven”, añadió el diplomático.
Rozo consideró que, más que una nueva etapa en la serie de sanciones, se trata de una consecuencia del incumplimiento por parte del Gobierno venezolano de los acuerdos de Barbados y de Davos. Incluso, en el acuerdo se especificaba un restablecimiento progresivo de estas medidas si no se cumplía un proceso electoral que respetara las garantías democráticas.
“Aparte de ejercer presión internacional sobre Maduro, también traza el alcance a otros funcionarios de distintos organismos que están incluidos en esta nueva lista”, señaló el internacionalista.
¿Quiénes son los funcionarios sancionados por Estados Unidos?
Motivar al resto
Las acciones de Estados Unidos han llamado la atención en otras partes del mundo. Por ejemplo, el líder del partido VOX y diputado del Congreso español, Santiago Abascal, le exigió al gobierno de Pedro Sánchez embargar los bienes en España de cualquier miembro relacionado con el oficialismo venezolano. El mismo Parlamento aprobó una moción en la que reconoció a González Urrutia como presidente electo.
Ramírez aseguró que las sanciones de otros países vendrán próximamente e hizo referencia a Panamá, ya que existe la posibilidad de registrar empresas que están en ese país y la comunidad internacional podría actuar a la par de la legislación panameña. “Si países como Panamá no las adoptan, entonces hay espacio para que estas personas actúen impunemente en el mundo. Creo que en el caso de la UE vendrán sanciones”, agregó.
Uno de los países que fue pionero en imponer medidas individuales a Maduro y su gabinete fue Canadá. El 22 de septiembre de 2017, tras una solicitud presentada por Ramírez al Parlamento canadiense, la canciller de ese entonces, Chrystia Freeland, anunció la congelación de activos y otras penalizaciones en contra del gobernante venezolano y 39 de sus funcionarios. En noviembre de ese mismo año hubo una segunda ronda de restricciones a 18 miembros del Gobierno.
Uno de los aspectos que resaltó Rozo fue que, aparte de influir en los funcionarios, estas sanciones también afectan a sus círculos cercanos. Además de elevar su costo político y el uso de los bienes, limitan su radio de acción en algunos países que anteriormente negociaban con el Gobierno venezolano y les hubiesen ofrecido un respaldo.
“Sabemos que distintos países están tomando posturas e iniciativas que involucran al resto, pero que de alguna u otra forma aún no han presentado una agenda conjunta de las acciones que podrían tomar”, explicó. Además, comentó que habrá que hacer otra lectura cuando toque definir la renovación de la licencia de Chevron, ya que “es un incentivo financiero importante” para el oficialismo.
Antes de anunciar nuevas sanciones, Estados Unidos había dado un aviso. El 2 de septiembre incautó un avión utilizado por Maduro para cumplir con sus giras internacionales. Con el apoyo del Gobierno de República Dominicana, el avión fue retenido en territorio caribeño y trasladado ese día a Florida, por petición del Departamento de Estado.
Entre otra de las presiones, 49 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UE firmaron un acuerdo para “restablecer las normas democráticas en Venezuela”. El canciller panameño, Javier Martinez-Acha, fue quien anunció el convenio. El pasado 29 de julio, Maduro expulsó al personal diplomático dominicano y panameño de Venezuela, junto con el de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay.
Desde que se inició septiembre, Estados Unidos decomisó una aeronave usada por el gobierno de Maduro y sancionó a autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), fiscales, jueces, magistrados y miembros de las fuerzas del Estado venezolano. Con el último trimestre del año por delante y sin esperar a la comunidad internacional, el Departamento del Tesoro fue claro en su comunicado: “La administración de (Joe) Biden y (Kamala) Harris continuará usando sus herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus aliados”.
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