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jueves, 22 octubre, 2020

Informe ONU: ¿Marcará un antes y un después en la comunidad internacional?

Este 23 de septiembre la Misión de Determinación de Hechos presentará su trabajo ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos y estará a la espera de la renovación o no de su mandato.

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Casi una semana después, las reacciones al informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU continúan generando reacciones políticas y también en el mundo de los derechos humanos.

El gobierno de Nicolás Maduro, en voz de su canciller, Jorge Arreaza y en compañía del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, trataron de desacreditar el informe alegando que no fue hecho en el terreno, ya que se les impidió el acceso a los expertos e insinuando incluso que fueron pagados. 

Sin embargo, Saab reconoció que al menos 900 funcionarios han sido imputados por violaciones de derechos humanos y 468 han sido privados de libertad por estos delitos. 

Esto, para el diputado Freddy Guevara, es una confesión de que sí existen tales violaciones puesto que no se trata de uno o dos funcionarios sino casi mil que estaría reconociendo el propio Saab. 

Para el diputado y comisionado ante las Naciones Unidad designado por el gobierno interino, Miguel Pizarro, este informe, a diferencia de otros que se han publicado, tiene dos cosas que, a su juicio, le dan un tono diferente.

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“Lo primero es que dibuja una cadena de mando, unas individualidades que tienen responsabilidad por acción u omisión. Lo otro es que genera una profunda reflexión de a qué nos enfrentamos y a los funcionarios que aún están apoyando a Maduro, de que están apoyando a violadores de derechos humanos. 

Una lectura en la que coincide Guevara que agrega un mensaje a esos funcionarios: “no vale la pena condenarse ellos y a sus familias para seguir protegiendo a unas personas que están señaladas por la ONU como criminales de seda humanidad”.

Pizarro además señala que ya no hay excusas para que algunos países y organismos sigan señalando que el problema en Venezuela es de dos facciones políticas. 

Queda claro que la facción que está en el poder está utilizando esa posición para violar derechos humanos y es una política de Estado y del otro lado, estamos los venezolanos resistiendo”, dice el comisionado.  

Agrega Pizarro que el informe también ha permitido que la discusión en la Unión Europea (UE) y en la ONU, tenga otro tono. “Se sobre entiende ahora que cualquier mecanismo de solución política no tiene su raíz en una simple conversación”, puntualiza Pizarro que destaca además que el propio secretario general de la ONU tuvo que comentar al respecto. 

“Esto da sustento para renovar los mandatos y darle más tiempo para que determine responsabilidades, así como al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada para que sigan reportando desde el terreno”, sostiene el también diputado.

A lo interno, los partidos políticos congregados ahora en el llamado “Pacto Unitario” dicen tener la labor de difusión y pedagogía del informe para que cada ciudadano, incluyendo funcionarios y chavistas de base entiendan que los delitos de violación de derechos humanos no prescriben. 

El diputado William Dávila incluso va más allá y pide que la comunidad internacional, en especial Europa, arrecie las sanciones contra los responsables de estas violaciones

La mirada de las ONG

Marino Alvarado, miembro de Provea explica que entre la última semana de septiembre y la primera de octubre debería estarse dando la votación para determinar si se renueva o no el mandato de esta misión. 

De no ser así, señala, el trabajo habría culminado con ese informe. Si se decide prorrogarse, la Misión trabajará de acuerdo al mandato que puede ser el mismo (investigar los cuatro delitos: tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales) o también se le puede ampliar el mandato.  

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En cuanto a la extensión, Alvarado señala que puede prorrogarse por seis meses, un año o dos años.

Alvarado comenta qué hay planteamientos para que sea extendido por uno o dos años. 

“Independientemente, mientras no se le permita el ingreso, seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora”, dice Alvarado, recordando que los expertos contactaron a ex funcionarios como Luisa Ortega Diaz y ex funcionarios de organismos conos las Faes y el Sebin.  

Incluso, Alvarado explica que “aún y cuando existiera un cambio de gobierno, la Misión tendría mayor posibilidad de trabajar. Un cambio de este tipo no paraliza el trabajo”.  

En cuanto a las consecuencias en lo inmediato, Alvarado sostiene que los países que integran el Grupo de Lima pueden consignar el informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) o incluso, la CPI puede tomarlo de oficio y, “considerarlo un elemento probatorio más”. 

Otra es que más países se puedan sumar a las demandas ya incoadas o que cualquier país procese a las personas señaladas en el informe como ocurrió en su momento con Augusto Pinochet. 

Agrega Alvarado que otra consecuencia es lo que se ha venido viendo a nivel político y es que el gobierno de Maduro vaya perdiendo respaldo de organizaciones sociales aliadas como ocurrió con el partido comunitario de México o Brasil, que no es aliado pero que endureció las medidas diplomáticas contra funcionarios de Maduro. 

Por su parte, Beatriz Borges, directora de la ONG Cepaz, defendió la metodología utilizada por la Misión de expertos. 

Según explica, esta metodología de investigación y recopilación es muy rigurosa y cuenta con una cantidad de protocolos para los registros. 

“Tienen fuentes primarias como los testimonios de víctimas y funcionarios y unas secundarias como información publicada y verificada en internet”, señala Borges.

Insiste en que las misiones de este tipo generalmente tienen chance de ir al terreno cosa que no ocurrió aquí pero que eso no imposibilita el trabajo. 

Recuerda que no solo fue la negativa del gobierno Maduro para que ingresaran al país, sino que la pandemia y las restricciones de movilidad imposibilitaron que los expertos viajaran a países vecinos a hacer entrevistas a venezolanos que fueron víctimas de violaciones a sus derechos. 

Borges también pone ejemplos de misiones que tuvieron que hacer informes a remoto como el caso de Siria en 2011, donde también se les impidió el acceso y el de Gaza en 2009. 

“Se ofreció un riguroso sistema de entrevistas y contrastes. De hecho, la Misión no usó la información de la Alta Comisionada para mantener la independencia”, exalta Borges. 

Consultada sobre las recomendaciones del informe en donde exhortan a las autoridades a investigar y castigar a los responsables de violaciones y si esto no sería un contrasentido, Borges explica que se busca que el informe pueda cambiar el rumbo y comportamiento de las violaciones, entendiendo que no prescriben y que, además, pueda tener un efecto de contención contra quienes siguen cometiendo delitos de este tipo. 

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