Informe de Bachelet sobre DD. HH. en Venezuela: persisten patrones de tortura y agresiones

El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD. HH., Michelle Bachelet, enfatiza la preocupación sobre la violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva ya que, precisa, la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género

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Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet | Foto: EFE

Caracas.- La actualización del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los DD. HH. en Venezuela, basado en un reporte que abarca desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de abril de este año, resalta que los patrones relacionados con la tortura y los malos tratos por parte de cuerpos de seguridad del Estado persisten, esto tras recibir denuncias creíbles sobre ese tipo de casos e incluso la recepción de informes sobre golpizas, descargas eléctricas, amenazas de violación y violencia sexual.

«El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021», detalló el informe en el apartado relacionado con casos de tortura y malos tratos, en el bloque titulado Derecho a la integridad física y moral, que fue difundido este jueves.

En la publicación resaltan que la dinámica y las prácticas observadas en informes anteriores sobre tortura o malos tratos generan preocupación. «Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos», detalla el informe.

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La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) figuran entre los organismos de seguridad responsables de señalamientos por torturas, presiones, agresiones y tratos crueles. Asimismo, el informe de Bachelet enfatiza la preocupación sobre la violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva ya que, precisa, la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.

De igual manera el informe alude situaciones denunciadas de desapariciones forzadas, detenciones e incomunicación. «En nueve casos documentados por el ACNUDH, las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos».

Sobre la justicia y el estado de derecho, el informe señala que Bachelet documentó 17 casos de muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales que fueron documentados previamente en Distrito Capital y en los estados Miranda, Monagas, Vargas y Zulia.

«En 12 de los casos documentados por el ACNUDH, los autores irrumpieron en los hogares de las víctimas. Los testigos entrevistados por el ACNUDH informaron de que los agentes de seguridad utilizaron la violencia, incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares», detallan en el reporte.

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Según lo precisado en la actualización del informe de Bachelet, casi todas las víctimas muertas en los casos documentados por el ACNUDH eran hombres jóvenes y niños de familias de bajos ingresos en barrios marginales.

Enfrentamientos armados en La Vega y Apure

El informe de Bachelet también alude a la violencia registrada en la parroquia La Vega, en Caracas, debido a los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y grupos delictivos. Sobre esa situación, detalla que en la operación desarrollada en esa zona entre los días 6 y 9 de enero de este año, presuntamente murieron al menos 14 hombres jóvenes. «Al igual que en operaciones de seguridad anteriores, algunas de las muertes habrían sido causadas por el uso selectivo de la fuerza letal por parte de la policía».

En su informe, Bachelet saluda que el Ministerio Público, a cargo del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, Tarek William Saab, haya anunciado una investigación al respecto, aunque resalta que al momento de la redacción de la actualización no se habían registrado detenciones.

Asimismo, sobre los enfrentamientos armados entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), registrados a partir del pasado mes de marzo, el informe de Bachelet alude al caso de cinco personas que presuntamente fueron detenidas por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), en La Victoria, y que luego fueron halladas muertas. «Fuentes afirmaron que los fallecidos no estaban vinculados a los grupos armados y que la escena del crimen había sido manipulada», agregan en el informe.

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