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miércoles, 8 febrero, 2023

Ejecuciones extrajudiciales, persecución y torturas en Venezuela: las denuncias de Human Rights Watch

El Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch expone múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela; además de una falta de independencia de poderes y se refiere a la crisis migratoria venezolana como una de las más graves de la era contemporánea, la cual ya suma 7,1 millones de ciudadanos

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Caracas.- Son múltiples las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela que expone la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en su más reciente Informe Mundial 2023, revelado este 12 de enero.

En el documento, publicado en su portal web, deja clara la difícil situación en Venezuela debido a las persecuciones, torturas, amenazas, ejecuciones extrajudiciales y la crisis humanitaria que se ha traducido en la migración de 7,1 millones de venezolanos, uno de los éxodos más graves de la era contemporánea.

La organización hace hincapié en que el país vive una emergencia humanitaria que, según cifras de Naciones Unidas, se traduce en que 5,2 millones de personas necesitan ayuda sanitaria, alimentaria o en el acceso a agua e higiene básica.

Los 10,9 millones de personas infra alimentadas o sufriendo hambre crónica, más el derrumbe del sistema de salud que está contribuyendo a la expansión de infecciones se suman a los problemas políticos de un país, donde las autoridades «persiguen a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil», donde es habitual «la brutalidad policial» y el acoso a los disidentes políticos.

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Todo ello explica, al menos en parte, el éxodo de ciudadanos que abandonan el país y se exponen a todo tipo de peligros. Según HRW, esto ocurre por falta de una estrategia regional coordinada que deja a miles varados en condiciones inadecuadas, incapaces de obtener refugio u otra protección legal y forzados a huir hacia el norte del continente.

Acoso político y obstáculos para votar

El pasado febrero, una misión electoral de la Unión Europea reportó que durante las elecciones regionales hubo graves obstáculos para votar y ser candidato, incluyendo descalificaciones arbitrarias de opositores, uso partidista de recursos del Estado, acceso desigual a los medios de comunicación y falta de independencia judicial, lo que minaba la transparencia electoral.

El pasado octubre, se contabilizaban en las cárceles venezolanas 254 presos políticos, de los que 114 llevan más de 3 años en prisión preventiva; además, entre 2014 y 2022 se detuvo de forma arbitraria a 15.770 civiles, y de ellos, 875 fueron sometidos a tribunales militares.

HRW denuncia que la policía y los colectivos han atacado sistemáticamente a manifestantes desde 2014, con intervenciones violentas, golpizas brutales y disparos a quemarropa.

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Aunado a esto, los organismos de la ONU han recibido, en 2022, frecuentes denuncias de tortura en las cárceles, así como dificultades para garantizar un juicio justo, a lo que se añaden los frecuentes retrasos a la hora de aplicar las órdenes de excarcelación.

El informe cita a otro organismo de la ONU que ha denunciado los crímenes de motivación política ordenados por servicios de inteligencia u otros organismos del estado, «como parte de una política deliberada de reprimir a opositores políticos».

Se añaden los numerosos asesinatos extrajudiciales: entre 2016 y 2019 se reportaron 19.000 muertes por «resistencia a la autoridad», en gran parte en barrios, pero el informe reconoce que estas prácticas descendieron notablemente en 2022.

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Minería ilegal y derechos de las mujeres

El informe recoge también la indefensión de los pueblos indígenas venezolanos, que sufren trabajos forzosos o explotación sexual por parte de grupos que practican la minería ilegal en el sur del país con el consentimiento del gobierno. Sostiene que los líderes indígenas que lo han denunciado han sido objeto de amenazas, ataques o incluso el asesinato, como en el caso de Virgilio Trujillo, de la etnia Uwottuja.

Otros derechos que sufren atropellos en Venezuela son el del aborto -penalizado salvo si está en riesgo la vida de la madre– o el de derechos reproductivos, dada la grave carencia de anticonceptivos, que en marzo pasado afectaba al 61 % de la población adulta.

También se incluye en el documento de Human Rights Watch que no existen leyes ni mecanismos para sancionar la discriminación contra las personas con discapacidad y que, además, el modelo educativo no es inclusivo.

Con respecto a la orientación sexual e identidad de género, la organización encontró que tampoco hay leyes civiles integrales que protejan a la comunidad Lgbtiq+ de la discriminación. Igualmente, resaltó que no existen protecciones legales para las parejas del mismo sexo.

Con información de EFE.

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