Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro intensifica acciones que incrementan la preocupación en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas —actualmente bajo resguardo del Gobierno de Brasil—, en la que se encuentran refugiados seis de los principales miembros del equipo político de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.
El sábado 23 de noviembre, en un nuevo operativo de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, el oficialismo apostó funcionarios policiales con armas largas, algunos de ellos encapuchados, vehículos de unidades policiales y drones en las adyacencias de la sede de la misión diplomática argentina, ubicada en el este de la ciudad capital.
El abogado y especialista en Derecho Internacional y diplomacia Mariano de Alba destacó, en una entrevista con El Pitazo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como la primera obligación internacional que incumple la administración de Maduro con el nuevo despliegue policial y de acciones en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.
«La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece claramente que un Estado receptor, como lo es, en este caso, Venezuela, tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para evitar que se turbe la tranquilidad de la misión. Esos operativos de cuerpos de seguridad del Estado no llegan a violar la sede de la misión diplomática, pero sí perturban su tranquilidad porque buscan amedrentar y atemorizar a las personas que están allí asiladas», precisó el especialista vía telefónica.
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Las acciones gubernamentales se produjeron luego de que Machado y su principal jefa del comando político, Magalli Meda, anunciaron el sábado la convocatoria a una nueva protesta dentro y fuera de Venezuela el próximo 1 de diciembre.
El comando político opositor que lideran Machado y el presidente electo el 28 de julio, según organismos nacionales e internacionales, Edmundo González Urrutia, calificó de asedio criminal las acciones gubernamentales que acumulan ya tres días consecutivos, según los reportes en redes sociales de Pedro Urruchurtu, uno de los seis asilados.
En ese contexto, el comando Con Venezuela reiteró su llamado a que se emitan, cuanto antes, los salvoconductos para los seis asilados en la residencia de la Embajada de Argentina, acusados desde marzo de una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro y de traición a la patria, entre otros cargos.
«Adicionalmente, se está incumpliendo claramente la Convención de Asilo Diplomático, ratificada por Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros, que prevé que cuando un Estado otorgue el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado involucrado —Venezuela, en este caso— está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto, salvo caso de fuerza mayor», añadió De Alba.
Recurso político
A medida que se acerca el 10 de enero y frente a la estrategia de presión interna y externa que promueven Machado y González Urrutia, el gobierno que encabeza Maduro apuesta por usar la tensa situación en la residencia de la Embajada de Argentina como un recurso con fines políticos y de amedrentamiento, según refiere De Alba.
«Los demás países de la comunidad internacional deben insistir en la inviolabilidad de la misión diplomática y hacer gestiones, difíciles, claro está, para tratar de que finalmente se otorgue ese salvoconducto. Sin embargo, esto no luce muy probable porque el Gobierno venezolano le ve rédito, por ahora, al mantenimiento de la tensión», resaltó el especialista.
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El lunes 25, en una entrevista con la agencia española de noticias EFE, González Urrutia dijo que le preocupaba la situación en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. «Es absolutamente ilógica, con cortes de electricidad, cortes de suministro de agua y una vigilancia que les impide el acceso al abastecimiento», agregó González Urrutia.
El Gobierno de Argentina, mediante su Cancillería, denunció la situación el sábado y calificó las acciones de la administración de Maduro de actos de hostigamiento e intimidación. «El despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de nuestra embajada y otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad», manifestó en un comunicado el Ministerio de Exteriores argentino.
El lunes, en la rueda de prensa semanal del partido de Gobierno, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que «desconocía» las razones por las que se acusa al gobierno de Maduro, los señalamientos por las circunstancias en la residencia de la misión diplomática argentina en Caracas. «Que paguen la luz, que paguen los servicios. Nosotros no les vamos a regalar nada», dijo el funcionario.
«Javier Milei es el fascista que gobierna Argentina. Yo no sé qué llama él que se esté acosando a alguien en su embajada. No sé, de verdad desconozco de qué nos acusa ahora», añadió Cabello.
La residencia de la Embajada de Argentina en Caracas permanece bajo la protección de Brasil desde agosto, luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos y pese a que el gobierno de Maduro revocó la autorización en septiembre por un supuesto plan de actos terroristas a cargo de los seis asilados en el interior de la sede diplomática.
La Cancillería de Brasil sostiene que «permanecerá con la custodia y defensa de los intereses» de Argentina hasta que ese país «designe a otro Estado aceptable» para la administración de Maduro.
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