Horas después de que este viernes, 1 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por unanimidad el recurso introducido por el gobierno de Nicolás Maduro para detener las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Cancillería emitió un comunicado en el que califica la decisión de infundada.
“Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión emitida por la Sala de Apelaciones de la CPI (…) Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que ha sido o está siendo debidamente investigado y sancionado por las autoridades del sistema de justicia venezolano”, reza el comunicado compartido por el canciller Yván Gil, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Desde el gobierno oficialista reiteraron que, como Estado soberano, tienen derecho a ejecutar sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas.
Incluso, criticaron que la CPI invierta su tiempo en retomar el caso de Venezuela cuando “el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio por inacción de la burocracia internacional”.
CPI autoriza a reanudar investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
“Venezuela renueva, una vez más, su firme compromiso con el Estado de derecho y la legalidad internacional, al tiempo de que continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles para revertir con la verdad todos estos mecanismos de instrumentalización política de la justicia penal internacional”, finaliza el escrito.
Con esta medida de la CPI, el fiscal Karim Khan puede reanudar las investigaciones sobre detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y persecución sistemática.
En abril de 2022, la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el gobierno de Nicolás Maduro, porque ya se realizaban actuaciones nacionales.
El Gobierno oficialista alegaba irregularidades en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, incluyendo la falta de identificación de casos específicos, la ausencia de un límite temporal en la investigación, y la supuesta obstrucción del derecho a la defensa al no aceptar documentos en español.
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