El Gobierno de Nicolás Maduro se pronunció la noche de este sabado 29 de junio por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido tras permanecer siete días detenido en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde era torturado.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en nombre del Gobierno bolivariano, en donde solicitó al fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, llevar a cabo «una completa y exhaustiva investigacion» para esclarecer el asesinato.
«Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporcione oportuna respuesta hecha por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia», reseña.
El comunicado, divulgado por Rodríguez nueve horas después de conocerse la muerte del oficial de la Armada, fue enfático en resaltar que la víctima se encontraba detenida por su presunta vinculación en un intento de golpe de Estado y magnicidio contra Maduro.
Señaló que Acosta Arévalo, quien de manera indirecta fue calificado como «terrorista confeso», se encontraba imputado por «graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración». Agregó que a todos los detenidos por el caso se les ha respetado el debido proceso y sus derechos humanos.
«Toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos, como es condición indispensable de nuestro Estado Constitucional de Justicia y de Derecho«, añade.
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