Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro denunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cometió supuestas irregularidades y violaciones del debido proceso que ponen en duda la imparcialidad y objetividad de esta instancia, que comenzó en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado oficial publicado este 28 de febrero, el gobierno oficialista dijo que presentó ante la corte un documento en el que se incluye la «indefensión» a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante la investigación, así como los presuntos vínculos probados de dicha instancia con ONG que, según el escrito, han aportado información contra las autoridades nacionales.
Según el comunicado del Ejecutivo, Venezuela sufre una agresión mediática y geopolítica que los acusa de crímenes de lesa humanidad que, asegura, nunca han ocurrido.
Además, agrega que el Gobierno aportó «abundante información» que, supuestamente, evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de «cambio de régimen» impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos.
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Explica que en el documento enviado a la Corte Penal Internacional se anexa una supuesta prueba de la «naturaleza política del proceso» y señala el caso de un venezolano que fue «presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución'», el mismo que la Asamblea Nacional de 2015 escogió en 2019 para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales.
Sin embargo, «al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó, expresamente, haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal», aseguró el Gobierno, que no especificó el nombre del ciudadano.
El Ejecutivo agregó que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 después de que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.
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