Gobernadora de Lara y comandante de la Zodi señalados de encubrir a colectivos

Los diputados Guillermo Palacios y Macario González denunciaron en la Fiscalía Superior del estado Lara la actuación impune de siete integrantes de la Red de Resistencia Revolucionaria, liberados después robar a manifestantes y disparar a un agente policial el 1 de mayo

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Según el Bloque Parlamentario, la gobernadora de Lara y el comandante de la Zodi cometieron obstrucción de la justicia y terrorismo de Estado al encubrir los delitos de los colectivos. Foto: Liz Gascón

Barquisimeto.- La gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 13 (Zodi), Jesús Salazar Vásquez, figuran en la denuncia interpuesta en el Ministerio Público tras la liberación de los colectivos armados capturados en flagrancia por la Policía de Lara el 1 de mayo en el centro de Barquisimeto, luego de asediar a manifestantes con pistolas y escopetas y herir a un funcionario al darse a la fuga de las autoridades.

Este viernes, 10 de mayo, los diputados a la Asamblea Nacional Guillermo Palacios y Macario González, junto a representantes del Frente Amplio, interpusieron una denuncia en la Fiscalía Superior del estado Lara para que se inicie una investigación del caso marcado por la impunidad: los siete colectivos están libres, solo uno fue presentado en tribunales y quedó absuelto de tres delitos.

En el documento los denunciantes solicitan la incautación de las armas y que rindan declaraciones “todos los que conocieron los hechos, empezando por el comandante de la Policía de Lara, el general Manuel Rivero Jiménez”.

Terrorismo de Estado

Según el Bloque Parlamentario, la gobernadora de Lara y el comandante de la Zodi cometieron obstrucción de la justicia y terrorismo de Estado al encubrir los delitos de los colectivos que ocupan cargos públicos y tienen antecedentes penales. 

Los implicados son Marcial José Díaz, Hair Mendoza García, Jona Richard Medina Hernández, Jorge Luis Goyo Mendoza, Jean Cristopher Rodríguez Díaz, Roxander Daniel Ollarves Galíndez y Carlos Alberto Escalona. Han reconocido públicamente que pertenecen a la Red de Resistencia Revolucionaria y el Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes (Frio), y mediante comunicados han exigido la destitución de quienes los aprehendieron.

“Estos paramilitares robaron y torturaron a personas, dispararon al agente policial Hernán Serrano y revelaron que actuaban por órdenes y en cooperación con el general Jesús Salazar, pero privó la decisión de la gobernadora, que es la responsable de su liberación”, indicó Palacios.

A Palacios le informaron en la Fiscalía Superior que ya abrieron una averiguación de oficio, pero desconoce cuáles serán los lapsos. En su gestión como diputado ha consignado cerca de 40 denuncias sin respuesta alguna. “Igual documentamos todos estos hechos porque en algún momento tendrán que determinarse las responsabilidades. Tiene que realizarse una amplia investigación porque hubo un intento de homicidio de un policía”, sentenció.

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“Es muy grave que los paramilitares estén siendo amparados por funcionarios públicos. Es una política de Gobierno en todo el país”, agregó Palacios. Recordó que en 2014 y 2017 el alto mando militar también empleó colectivos en las manifestaciones que se registraron en el estado Lara. Igualmente, adelantó que este caso será llevado a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

“La liberación de estos paramilitares es un privilegio. Cometieron delitos probados. Mientras tanto, hay personas detenidas por ejercer su derecho a la protesta”, expresó.

Los diputados reiteraron que los efectivos de la Policía de Lara no han sido sancionados, pero hay temor y descontento en la institución por las advertencias y pronunciamientos que han emitido en su contra el Consejo Legislativo y la Cámara Municipal de Iribarren.

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