Apure. Representantes del Frente Amplio Capítulo Apure en rueda de prensa realizada en la sede de la Federación de Trabajadores, rechazan hechos violentos y detenciones registradas en la entidad durante apagón nacional.
Informan que la comisión de política de la Asamblea Nacional presentará ante la comisión de la de la ONU un informe sobre terrorismo de Estado en Venezuela, donde los diputados de todo el país revelan el uso de instituciones educativas para prácticas armamentísticas dirigidas a civiles.
La información la dio a conocer el Diputado de la Asamblea Nacional Luis Lippa en nombre de las organizaciones del Frente Amplio, quien además lamenta que su farmacia durante el apagón, el domingo pasado, fuese objeto de ataques por parte de grupos violentos, a los cuales calificó como “colectivos armados al mando del gobernador del estado Ramón Carrizalez”.
“Las armas largas solo pueden ser usadas por organismos del Estado y no por civiles. Es sumamente peligroso, atenta contra la paz que civiles se mantengan armados bajo el auspicio del Gobierno y de un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente”, apunta Lippa.
“Lanzaron una bomba molotov que tuve la suerte que no cayó al interior de la farmacia, la bomba solo rompió los vidrios y logró chocar con la pared. Gracias a los vecinos no hubo mayores daños. Tengo en mi poder imágenes y videos que muestran la realidad”.
Asegura que no se justifica que el Gobierno despliegue en Apure “bandas armadas con palos, bombas y macetas y, además, custodiadas por organismos del estado Apure, cuando recorren las calles para causar terrorismo en quienes, por no tener agua, luz, comida y efectivo, protestan a viva voz”.
El parlamentario reporta en Apure durante el apagón viviendas y negocios violentados, saqueados y dañados por parte de “colectivos”. Sin embargo, no ofreció el total porque, acota, que la mayoría de los agraviados tienen miedo a denunciar”.
Manifiesta que Carrizalez incita al odio porque “ha asegurado que cerca de la farmacia de Luis Lippa se encuentra un centro comercial cuyo dueño es el Diputado y a éste no le ha pasado nada”.
Ante ello, Lippa reta al gobernador a quemar el centro comercial Carabobo “pero pagará todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el estado”.
Con el apagón nacional, para Lippa, se demostraron los actos de corrupción cometidos por de la cúpula del madurismo y chavismo en las empresas eléctricas nacionales.
“El dinero destinado para construir y mantener en buen estado plantas eléctricas y ofrecer un buen servicio a la comunidad fue desviado por los encargados de liderar estas empresas. En Apure, el gobernador prometió reparar tres plantas y hasta la fecha esto no ha ocurrido”, argumenta.
En tal sentido, Lippa lamenta trágica cifra de muertos registrados a consecuencia del apagón y se solidariza con los dueños de empresas quebradas por esta misma causa.
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“Durante este corte eléctrico que duró más de cuatro días en Apure, los comerciantes regalaban la mercancía, la ofrecían a precios bajos para evitar pérdidas; los puntos de venta no funcionaban, no había luz, ni línea para activar los puntos y el Gobierno tiene la desfachatez de decir que todo esto es culpa del imperio. ¿Hasta cuándo van a seguir diciendo mentiras y hasta cuándo le van seguir faltando el respeto al pueblo? Aquí hay hambre, hay pobreza, se necesita la ayuda humanitaria. No es una necedad sino una necesidad”.
Recuerda que “el gobierno de Maduro no dejó entrar la ayuda humanitaria al país para dotar a los hospitales. Además, no ayudó a la gente durante y luego del apagón porque no le importa el pueblo venezolano y apureño”.
Terrorismo de Estado será castigado
Por su parte, Leisser Rebolledo, dirigente político del chavismo disidente en Apure, revela que funcionarios de los cuerpos de seguridad regional respaldan actos violentos protagonizados por grupos armados.
Germán Rodríguez, coordinador de los partidos políticos ante el Frente Amplio, rechaza el uso de las armas largas, macetas y palos por parte de grupos violentos que hacen vida en la entidad. “Las diferencias no se dirimen de esa manera”.
Anuncian que denunciarán ante instancias internacionales al Fiscal Superior del estado Apure, Carlos Cabezas, al gobernador Ramón Carrizalez, a la alcaldesa de San Fernando de Apure, Ofelia Padrón, y a los generales de los diferentes componentes de la Fuerza, comandante de la Policía y al Defensor del Pueblo. Solicitarán, además, declarar a colectivos como grupos irregulares y criminales. “La opresión y el terror serán castigados en su debido momento”.
Se solidarizaron con los familiares de los 12 detenidos en Apure por protestar tras el apagón generalizado presentado en toda Venezuela desde el día jueves 7 de marzo hasta el 11 a 12 de marzo.
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