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miércoles, 2 diciembre, 2020

Fracción de Parra califica de «chapuza» Ley Antibloqueo pero rechazan sanciones de EEUU

En una sesión con cerca de 20 legisladores, la bancada de opositores disidentes dijo entender que el Estado debe procurar acciones para responder a los supuestos efectos de las sanciones internacionales sobre Venezuela, aunque estas deben contar con la aprobación del Parlamento

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Caracas.- Cinco meses después los diputados que respaldan la directiva irregular de Luis Parra celebraron una nueva reunión en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. La cita tuvo como objetivo principal debatir la polémica Ley Antibloqueo, propuesta por Nicolás Maduro y refrendada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Aunque los disidentes de oposición rechazaron el instrumento legal, también despacharon sus críticas hacia el supuesto “bloqueo criminal”, impuesto por Estados Unidos sobre Venezuela.

La sesión de la Comisión Consultiva, tal y como la definió Parra, comenzó con dos horas de retraso, a las 12:10 pm. No hubo motivo aparente salvo la ausencia del grueso de parlamentarios que apoyan la autodenominada “rebelión de las regiones”. Alrededor de 20 diputados participaron en el encuentro, entre los que destacaban José Brito, Conrado Pérez, José Antonio España, Chaim Bucarán, Freddy Paz, Franklin Duarte, entre otros. De la bancada oficialista del Gran Polo Patriótico no hubo un solo representante en el lugar.

Luis Loaiza, quien fue expulsado del partido opositor Encuentro Ciudadano luego de unirse al movimiento de Parra, fue el encargado de iniciar el primer punto de la agenda. En su intervención, el diputado criticó al gobierno de Nicolás Maduro por allanar “el camino de la chapuza” al promover un proyecto que desconoce las competencias del Parlamento.

“Esa Ley Antibloqueo es la mejor expresión de la chapuza. Ha podido surgir un instrumento de la Asamblea Nacional, no de la Constituyente que permita la unión de todos los venezolanos frente a las ilegales y unilaterales sanciones contra todos los venezolanos”, afirmó el legislador.

Loaiza señaló que más que una ley, el documento aprobado por la ANC el pasado 8 de octubre corresponde a proyecto carente de legalidad que contempla desaplicar normas y leyes violando la Constitución y sin considerar al ente legislativo. Aún así, dijo entender que el Estado debe procurar acciones para responder a los supuestos efectos de las sanciones internacionales, aunque estas deben ser por vías constitucionales y no por atajos administrativos.

Parra, por su parte, reafirmó esta postura al tiempo hizo un llamado al gobierno de Maduro para conformar un Consejo de Estado para discutir los problemas del país y acciones para hacer frente a las medidas “criminales y unilaterales” de Washington sobre su administración.

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“El Estado debe tener instrumentos jurídicos para defender al pueblo de Venezuela. De eso no tenemos dudas, pero deben ser instrumentos que abran espacios al diálogo y no a las dudas”, sostuvo.

Confidencialidad y desaplicación de normas

Según artículo 1 de la ley antibloqueo, este marco legal tiene como razón de ser proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.

Este blindaje «antibloqueo» otorga también facultades al Ejecutivo para la «celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios» para la protección de activos nacionales, así como para «impedir o revertir actos o amenazas» que atenten contra las riquezas de la República.

La ley, además, declara «secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas» que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.

Esta confidencialidad se deberá mantener «hasta 90 días posteriores al cese» de las sanciones o circunstancias que hayan «propiciado la situación».

La única auditoría contemplada queda en manos de la Contraloría General de la República, que podrá solicitar al Ejecutivo algún reporte y, en menor medida, el Poder Judicial podrá «tramitar solicitud» de acceso a estos expedientes, pero por medio de la Contraloría.

De acuerdo con sus promotores, la ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones.

Algunos dirigentes del chavismo que han sido críticos con el Gobierno en los últimos años han rechazado este proyecto de ley al considerar que «convalida la entrega del país», o al menos así lo expresó en Twitter Rafael Ramírez, quien presidió Pdvsa durante más de 10 años.

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