Caracas.- Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, informó este 4 de febrero que de las 966 personas que detuvieron el 23 de enero durante las protestas contra Nicolás Maduro, 700 quedaron privadas de libertad.
»De esos 700 ciudadanos que permanecen tras las rejas, 80 son funcionarios de las fuerzas armadas», contó a los medios de comunicación.
Romero también especificó que 47 estudiantes quedaron tras las rejas, de los 95 que habían aprehesado en las manifestaciones antigubernamentales.
Respecto a las víctimas de desaparición forzada, denunció que
cuatro permanecen fuera del radar de sus familiares.

Manifestaciones del 2 de febrero
Con respecto a las movilizaciones a nivel nacional que se dieron el pasado 2 de febrero, con el fin de ratificar el reconocimiento al presidente encargado, Juan Guaidó, solo se detectaron dos detenciones, una en el estado Portuguesa y otra en Apure.
En tanto, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, refirió que un punto importante de destacar con respecto a las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos en las últimas protestas, es que la gran mayoría se ha focalizado en los sectores más humildes de la sociedad y en el sector militar y sus familiares.
Romero destacó que cómo es costumbre, la organización que preside hizo llegar la data de detenidos a la Organización de Estados Americanos.
Hablan familiares de detenidos del 23E
Katherine Arcas, hermana de Víctor Arcas, joven de 23 años detenido el pasado 23 de enero durante la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional, narró en la rueda de prensa del Foro Penal que su familiar actualmente se encuentra en el destacamento 33 de la Guardia Nacional, tras ser detenido en las inmediaciones del puente Los Leones de El Paraíso.
De acuerdo con Katherine, este 3 de febrero los funcionarios le permitieron a ella y a sus padres ver al joven. Allí confirmaron que permanece recluido en un bohío junto a 16 personas más.
Según explica, Víctor fue víctima de malos tratos durante el proceso de detención, “pero después nos dijo que lo dejaron quieto. Con respecto a la comida, nos quedó claro que se la hacen llegar”.
Los familiares de Víctor destacaron que el fiscal de guardia encargado de su caso le imputó los delitos de: obstaculización de las vías, agavillamiento, instigación al odio, y resistencia a la autoridad.
Con información de Daisy Galaviz