La Haya.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este jueves, 21 de abril, su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro le pidió oficialmente aplazar la investigación, alegando que está en manos de las propias autoridades judiciales del país.
Khan notificó este jueves a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que el pasado sábado 23 de abril Venezuela le pidió dejar las investigaciones en manos de las autoridades nacionales, sobre la base de que Caracas «está investigando o ha investigado a sus nacionales o a otros dentro de su jurisdicción» con respecto a crímenes de la competencia de la CPI.
El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Caracas o que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones, una solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.
Khan ha llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información por parte de Caracas que justifique su determinación previa de investigación. Le corresponde a la Sala decidir sobre el procedimiento que debe seguirse después de que el fiscal presentó su solicitud de continuar con las pesquisas.
Khan subrayó en un comunicado su «voluntad de cooperar con las autoridades nacionales en sus esfuerzos por buscar justicia», pero recordó que la implementación efectiva del Estatuto solo puede lograrse profundizando en la cooperación y encontrando puntos en común siempre que sea posible, incluso en circunstancias complejas y desafiantes.
“Si bien las autoridades venezolanas no estuvieron de acuerdo con mi decisión de abrir una investigación, consideré en su honor que, aun así, buscaron comprometerse con mi Oficina para desarrollar una cooperación más sólida e identificar formas en las que podamos apoyar la rendición de cuentas a través de procesos a nivel nacional”, añadió.
El pasado día 7 el fiscal general oficialista, Tarek William Saab, afirmó que en Venezuela ya investigan y que, a su juicio, no hace falta una investigación de la CPI de los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales.
50 casos enviados al alto tribunal
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) remitió el miércoles 20 de abril otros 36 casos a la Fiscalía de la CPI, con los que son ya 50 los que ha enviado al tribunal.
El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones en todo el país.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba presuntos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento, lo que implica una violación de normas fundamentales del derecho internacional.
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