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jueves, 29 octubre, 2020

Familiares de policías metropolitanos insisten en su liberación tras 17 años en prisión

Luego de 17 años y seis meses tras las rejas, abogados y familiares de los policías metropolitanos condenados a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002 insisten en su inocencia y destacan que luego de haber cumplido buena parte de su condena tienen derecho a beneficios procesales que no les han sido otorgados

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Caracas.- Luego de 17 años y seis meses tras las rejas, abogados y familiares de los policías metropolitanos condenados a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002 insisten en su inocencia y aseguran que existen pruebas que así lo demuestran, por lo que piden su liberación. Además, destacan que luego de haber cumplido buena parte de su condena tienen derecho a beneficios procesales que no les han sido otorgados.

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Durante el foro «17 años víctimas de la injusticia y horror tras las rejas viven los policías metropolitanos», realizado de forma online este viernes 9 de octubre, la diputada Yajaira Castro de Forero, esposa de Lázaro Forero, uno de los acusados por el asesinato de dos de los 19 fallecidos del 11 de abril, resaltó que los funcionarios condenados únicamente cumplieron con su deber de salvaguardar las vidas de los manifestantes y evacuar el lugar, «porque todavía estaríamos contando los muertos». Señaló, además, que los familiares de presos políticos son sometidos a tortura psicológica, presión, estrés y persecución.

Los abogados defensores Igor Hernández y Theresly Malavé destacaron que durante el juicio se presentaron elementos de prueba suficientes para demostrar la inocencia de los exfuncionarios. Reiteraron que las pruebas de balística determinaron que no fueron las armas de los funcionarios las que acabaron con la vida de las víctimas de ese día.

Hernández recordó que los francotiradores les disparaban a las personas tanto del lado de la oposición como del oficialismo y Casa Militar era la que tenía las llaves de los edificios donde estaban apostados los tiradores.

Resaltó que estos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana fueron los primeros presos políticos del país y aseguró que durante el juicio se violó el debido proceso en múltiples oportunidades. «Fue un juicio largo, caprichoso, cuya sentencia conocíamos, porque fue un juicio político y no penal. Se les cercenó gran parte de la vida a los presos y a sus familiares», dijo el abogado durante su intervención.

Comentó que una vez con la sentencia, apelaron y el tribunal declaró sin lugar, y en la Sala de Casación Penal, donde presentaron un recurso de 13 mil folios, demostraron que el ponente no pudo leer el documento completo por lo extenso, «ni leyendo las 24 horas del día», lo que, indicó, demuestra que inadmitieron el recurso sin siquiera leerlo.

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Theresly Malavé, por su parte, refirió que estos policías fueron condenados por la muerte de dos personas y lesiones de otros 19, y luego Hugo Chávez indultó a los responsables de las otras muertes y los cientos de heridos y dejó por fuera a estos funcionarios.

«Un juicio plagado de irregularidades», reiteró Malavé.

Laura Pérez, esposa de Luis Molina, resaltó que se trata del juicio más largo de la historia, en el que los expolicías fueron sentenciados sin pruebas a penas máximas. «Un juicio totalmente violatorio a todos los derechos humanos para los sentenciados como para sus familias», dijo.

Pérez narró lo complicado que era trasladarse a Maracay, lugar donde fue radicado el juicio de tres años. Insistió en que se trató de una condena injusta que ratificó el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien ordenó la condena por orden de Hugo Chávez Frías. «Por esta declaración, el juicio debió ser anulado y salir inmediatamente en libertad».

Su esposo tiene 17 años y seis meses preso en Ramo Verde, por lo que, aseguró, debe estar libre por la declaración del magistrado o porque cumplió parte de su pena. «Hasta cuándo tanto ensañamiento contra los policías metropolitanos (…) Son inocentes, no mataron a nadie, se defendieron de pistoleros civiles que disparaban a mansalva en la manifestación», aseveró.

La esposa de Luis Molina hizo un llamado a la comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se aboque al caso, y pidió a Nicolás Maduro y al fiscal Tarek William Saab, con quien habló personalmente, así como a la jueza Ana Marina Armas, que por favor le otorguen la libertad. «Pónganse la mano en el pecho», clamó.

Por su parte, María Isabel Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, refirió que tras varias operaciones su sobrino permanece tras las rejas. También aseguró que fue golpeado y trasladado al Hospital Militar y, además, le tocó enfrentar el COVID-19 desde la prisión.

«Hablar de los policías es hablar de la libertad de todos los venezolanos. En un país donde hayan presos políticos no hay libertad ni hay democracia (…) Errar es de humanos, ya cometieron el error de condenar injustamente a estos hombres, ahora corrijan ese error dándole la libertad», exhortó en el encuentro virtual.

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