Familiares de 38 personas detenidas tras ser señaladas de participar en las protestas poselectorales, introdujeron este jueves 3 de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el que solicitan que se les otorgue libertad absoluta ya que se trató de aprehensiones inconstitucionales.
Madres, hermanas, tías y demás representantes, se concentraron a las afueras de la sede del TSJ en la avenida Baralt vistiendo camisas blancas con los rostros de sus familiares que se encuentran detenidos. La semana pasada hicieron lo mismo en el Ministerio Público, donde entregaron una carta al fiscal Tarek William Saab en la que solicitaron reunirse con él para solicitar la libertad de los jóvenes presos. Aún no reciben respuestas.
Entre las mujeres que introdujeron el recurso de amparo se encuentran las madres de los siete adolescentes que permanecen detenidos en la Casa de Justicia 431 de El Cementerio. Familiares de Héctor Hidalgo, quien es el octavo detenido, aseguraron que el joven cumplió 19 años de edad el pasado 13 de septiembre.
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Abogados que acompañaban a las mujeres aseguraron que entre las irregularidades que existen en las detenciones, destaca que los jóvenes fueron detenidos sin orden de aprehensión y sus viviendas fueron allanadas sin ningún tipo de documento judicial.
Detallaron además que a todos los imputaron por terrorismo e incitación al odio aunque no los detuvieron en flagrancia. «Cuando se imputa a una persona por presentar una conducta ilegal se supone que debe haber unos supuestos, pero estos jóvenes no presentan características penales de terroristas ni que incitaron al odio», explicó una de las juristas.
Los abogados resaltaron que existe una violación al debido proceso, además que han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, por lo que se deberían anular las actuaciones judiciales y otorgarles la inmediata libertad.
Las representantes de los adolescentes y demás detenidos en Caracas y La Guaira, que también fueron recluidos en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, esperan que magistrados estudien los casos y verifiquen las denuncias expuestas sobre la violación de sus derechos humanos.
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