Caracas.- El fiscal general del gobierno oficialista, Tarek William Saab, informó el lunes 15 de mayo del fallecimiento de Juan Almeida, conocido como el hacker número 33 o N33 y quien era operador digital de Tareck El Aissami cuando gobernaba Aragua.
“Al momento de su deceso, se encontraba en su residencia: luego de serle otorgada la medida humanitaria de arresto domiciliario, en razón de ser uno de los investigados por la trama Pdvsa/cripto”, publicó en Twitter.
Tarek William Saab destacó en su publicación que Almeida presentaba un cuadro de cirrosis hepática, una especie de daño crónico al hígado, como consecuencia del abuso del alcohol o el padecimiento de hepatitis.
Juan Manuel Almeida Morgado y sus dos hermanos, Jorge Luis Almeida Morgado y Carlos Jesús Almeida Morgado, eran señalados de diseñar el lavado de dinero producto de la venta de petróleo de la estatal Pdvsa, a través de criptomonedas.
Otro fallecido del grupo de detenidos
El 20 abril, Tarek William Saab también informó que el presidente de Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje, fue encontrado muerto en su celda, en un aparente suicidio.
El presidente de Cartones de Venezuela fue presentado la noche del 18 de abril, junto a otros dos funcionarios vestidos de braga naranja y esposados, el exvicepresidente de Pdvsa, Ysmel Serrano, y Salem Hassoun Atrach.
Saab anunció que había designado a los fiscales nacionales 50 y 67 para investigar los hechos que llevaron a la muerte del funcionario chavista, ocurrida en su sitio de reclusión en El Helicoide.
El fiscal señaló que desde mediados de marzo, cuando empezó la operación anticorrupción en Venezuela, hasta el 30 de abril, ya había 61 detenidos, la mayoría vinculados a Pdvsa. Asimismo, dijo que todos los detenidos han sido imputados por el delito de traición a la patria.
También indicó que los funcionarios, valiéndose de los cargos que tenían, procedían a ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo con la modalidad de los buques.
Hace unas semanas, Nicolás Maduro afirmó que desde que empezó la operación anticorrupción en el país, las autoridades han incautado un total de 1.007 bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas.
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