Express, irregular y disimulado: los tipos de allanamiento de inmunidad que aplica el chavismo

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Desde 2010, fecha en la que se dio el primer levantamiento del fuero parlamentario, se han dado nueve casos: todos a opositores o disidentes del Psuv

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Existe solo un procedimiento para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. El cómo, en qué casos y las instancias correspondientes lo dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal. Nada más. Sin embargo, desde 2010, cuando se registró, en tiempos de chavismo, el primer caso del levantamiento del fuero a un diputado, los procedimientos se han tergiversado.

Ya pasaron dos semanas desde que, en teoría, la Asamblea Nacional Constituyente allanara la inmunidad del diputado Juan Guaidó. Esa decisión no cambió mucho el panorama político: Guaidó sigue en funciones parlamentarias y encabezando las sesiones del Legislativo, sin que hayan intentado una acción judicial en su contra.

Antes pasaron por ese proceso: Wilmer Azuaje (2010), María Aranguren (2013), Richard Mardo (2013), María Corina Machado (2014), Germán Ferrer (2017), Freddy Guevara (2017), Julio Borges (2018) y Juan Requesens (2018). En ninguno de los casos se cumplió completamente el procedimiento y los más recientes han sido desde la Asamblea Nacional Constituyente, instancia no facultada para ello.

Más que rápido:

A los diputados María Aranguren y Richard Mardo les aplicaron “urgencia parlamentaria” y les cortaron los lapsos que establece el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 25 para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Un factor político fue el detonante para que, en 2013, la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, decidiera allanar la inmunidad parlamentaria de María Mercedes Aranguren (electa por el Psuv y luego sumada al partido Mi Gato): Nicolás Maduro requería de 99 diputados (mayoría absoluta) para que le otorgaran una Ley Habilitante. El proceso se cumplió en cuanto a la solicitud de un antejuicio de mérito por parte de la Fiscalía (alegaron peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales), pero no en los tiempos. El mismo día que llegó la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia se hizo el debate y se levantó la inmunidad.

En el caso de Richard Mardo fue igual. La Fiscalía lo acusó de defraudación tributaria y legitimación de capitales y el TSJ ejecutó la solicitud de antejuicio de mérito; enviaron la comunicación al Parlamento y rápidamente (con mayoría simple) dieron el debate y levantaron el fuero que lo protegía como diputado. Mostraron como pruebas unos supuestos cheques del Banco Nacional de Crédito, pero estos fueron omitidos del expediente que le abrieron.

Se salvó del levantamiento del fuero

Juan Carlos Caldera fue electo diputado para el período 2010 – 2015. En septiembre de 2012, el chavismo presentó un video en el que recibía una cantidad de dinero en efectivo por parte del empresario Wilmer Ruperti. Quisieron, desde el oficialismo, vincular esta acción con la campaña presidencial de Henrique Capriles Radonski y una investigación en torno a la Ley contra la Corrupción y la Ley contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo.

El 27 de noviembre del 2014, el TSJ declaró procedente la solicitud de antejuicio de mérito contra Caldera, previa solicitud de la Fiscalía. Caldera se adelantó al proceso y renunció a su curul ese mismo día, antes de que iniciara la sesión donde le aplicarían el artículo 200 de la Constitución. “Lo que por la vía de los votos no han logrado, lo quieren hacer arrebatando la voluntad popular. Tengo el deber de dar un paso hacia adelante y no permitir lo que se pretende hacer, que es sacarme del juego. He tomado la decisión de renunciar a la Asamblea Nacional para seguir luchando”, precisó al apartarse de su rol de parlamentario.

No se respetó ninguno de los pasos

María Corina Machado adversó con acciones a Hugo Chávez desde que creó la Asociación Civil Súmate. Fue la diputada electa con más votos para el período legislativo 2010-2015 y el 21 de marzo de 2014 asumió la vocería de representación alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar los atropellos y violaciones a derechos humanos del Gobierno de Maduro. Esto fue suficiente para que el chavismo la acusara de traición a la patria, terrorismo y considerara que “ya no era diputada”.

“Esta señora aceptó el cargo, no es accidental, señora Machado, deja de ser diputada y nosotros estamos girando instrucciones a partir de este momento para que a la Asamblea Nacional la señora Machado no vuelva a entrar como diputada, por lo menos en este periodo», afirmó Diosdado Cabello como presidente del Poder Legislativo en ese momento. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia asumió la decisión. Ha sido el único caso donde se han saltado todos los pasos que establece la ley.

Lo irregular de que no sea la AN

Freddy Guevara, Julio Borges, Juan Requesens y Juan Guaidó tienen en común con Germán Ferrer, diputado electo para el período 2015-2020 por el Partido Socialista Unido de Venezuela que fue la Asamblea Nacional Constituyente y no exclusivamente el Parlamento, como lo dicta la ley, la que les allanó la inmunidad parlamentaria.

En el caso de Germán Ferrer, con el que la ANC se “estrenó” en esto de allanar la inmunidad parlamentaria, actuaron para pedir el antejuicio de mérito Diosdado Cabello y Pedro Carreño. Posteriormente, el Ministerio Público, encabezado ya para agosto de 2017 por Tarek William Saab, lo acusó de liderar una red de extorsión cuando su esposa, Luisa Ortega Díaz, estaba como Fiscal General. Posteriormente, el TSJ pidió su arresto y, ese mismo día, le levantaron la inmunidad.

Freddy Guevara huyó de cierta forma al proceso judicial, porque se resguardó en la Embajada de Chile en Venezuela. Fue señalado por el chavismo de liderar las protestas de 2017 y de generar “desestabilización”. Fue el Tribunal Supremo de Justicia, sin petición (pública) previa, la que ordenó que la Constituyente “levantara la inmunidad para continuar con el juicio en su contra”.

Con Julio Borges y Juan Requesens se saltaron varios de los pasos que corresponden. A Requesens le atribuyeron “flagrancia”, por lo que la sentencia del TSJ para allanar su inmunidad parlamentaria se dio casi en simultáneo a su detención por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. A Julio Borges (quien ya estaba en el exilio) lo acusaron de su supuesta participación en el “magnicidio en calidad de frustración” y, además de ordenar su detención, pidieron continuar el proceso en su contra.

Un decreto constituyente y la votación de todo el chavismo fueron suficientes para tomar la decisión 2×1 en contra de Requesens y Borges.

Se cuidaron en forma y fondo

El pasado 2 de abril de 2019, en teoría, el chavismo le allanó la inmunidad al diputado Juan Guaidó. Ya el Ministerio Público había solicitado la investigación, la Contraloría había dictado su inhabilitación política y, finalmente, el TSJ envió una decisión a la ANC para que allanara la inmunidad del parlamentario por “violar flagrantemente” la medida cautelar que le prohibía salir del país. Esto pasó 36 días después de ese viaje.

El TSJ sí habló claramente de allanar la inmunidad, pero en el decreto firmado por Diosdado Cabello, Tania Díaz, Gladys Requena, Fidel Velásquez y Carolyn Pérez no se menciona el allanamiento, sino solamente la autorización para la continuación de la investigación penal contra Juan Guaidó y «en consecuencia, la aplicación del artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Sobre la decisión, Guaidó respondió: No hay que responder ante un organismo que no existe.

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