Especialistas destacan que el decreto 4.610 que ordena el traslado de presos políticos a cárceles comunes es un mensaje del Estado para la Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH., Michelle Bachelet, y también de cara al examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Advierten que este hecho no altera la investigaciones por crímenes de lesa humanidad

El gobierno de Nicolás Maduro emitió a mediados de mayo el decreto número 4.610 que ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir el ejercicio de custodia de los presos políticos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Especialistas consultados por El Pitazo consideran que es una jugada para la presentación del informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva el examen preliminar por delitos de lesa humanidad.

El decreto, que apareció en la Gaceta Oficial 42.125 con fecha del 12 de mayo, pero se conoció el 18 de mayo, fija un plazo de 30 días para el traslado de los detenidos.

«Todo esto es para decirle a la CPI que no hay presos que no estén bajo el control del órgano competente», señala Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, al ser consultado sobre el porqué de esta medida.


Ellos (el Estado) están generando un marco de opinión que haga ver a que han hecho lo posible para cumplir con las exigencias que organismos de derechos humanos han hecho en materia de detenidos y de la lucha contra la impunidad y que la Fiscalía de la CPI no los está escuchando. Así que, si llega a haber una decisión contraria, ellos puedan decir que nunca obtuvieron respuesta

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia

Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, coincide con Daniels: «Pareciera que la intención es desmantelar esto para que se considere que el Estado está cooperando pero parece más propaganda y no una realidad».

Ambos recuerdan que tanto la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señalaron específicamente al Sebin y a la Dgcim como lugares en los que se practicaban torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias.

Para Santacruz y Daniels este decreto es un mensaje para la oficina de Michelle Bachelet y, además, incluye a la CPI. A juicio de Daniels, estas acciones no deberían cambiar el curso de las investigaciones que lleva la Fiscalía de la CPI porque están investigando delitos de lesa humanidad.

«Ellos (el Estado) están generando un marco de opinión que haga ver a que han hecho lo posible para cumplir con las exigencias que organismos de derechos humanos han hecho en materia de detenidos y de la lucha contra la impunidad y que la Fiscalía de la CPI no los está escuchando. Así que, si llega a haber una decisión contraria, ellos puedan decir que nunca obtuvieron respuesta», explica Daniels.

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Recuerda además que el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI inició en febrero de 2018 y hasta hace un año el Estado no había enviado ni un solo informe y «de repente, milagrosamente en octubre de 2020 aparece uno y ahora aparecen tres en menos de un mes. Eso habla de que le están dando importancia a lo que pueda pasar en la CPI porque el pronunciamiento es inminente».

Surge la preocupación

La medida preocupa a diputados opositores electos en 2015. Una de ellos, Adriana Pichardo, quien ha hecho seguimiento al caso de los presos políticos, califica la medida de «absolutamente irregular y violatoria de los Derechos Humanos».

La parlamentaria señala que de los 306 presos políticos que existen actualmente, aproximadamente el 15 % se encuentran en cárceles comunes en situaciones muy precarias y de inseguridad. “Una medida como esta es un llamado de alerta por el riesgo de vida que corren los presos políticos”, advierte Pichardo.

Recuerda el caso de Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, detenidos durante las protestas de 2014 y quienes estuvieron en cárceles comunes y fueron «maltratados y utilizados por presos comunes para lograr beneficios». Por ello agrega que «ninguno de los presos políticos ha cometido algún delito y no saben como sobrevivir en una cárcel común».

Ejecuciones extrajudiciales, tuberculosis y desnutrición

Pichardo sostiene que las cárceles están «abarrotadas» y no tienen ningún tipo de protección social. Según sus registros, en 2020 se contabilizaron más de 200 ejecuciones extrajudiciales en las cárceles por lo que insiste en que estos traslados son un mensaje negativo para los Derechos Humanos.

Carola Girón, directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, agrega que el Estado no se hace responsable ni de la vida ni de la alimentación, ni de la salud de los presos y como ejemplo expuso el caso del indígena de la etnia pemón, Salvador Franco, que murió por no ser llevado a un centro de salud y por desnutrición por lo que estos traslados no serán beneficiosos.

«En 2020, fallecieron en nuestras cárceles 292 presos de los cuales 184 murieron por desnutrición y tuberculosis (…) al Estado poco le importa la situación de la población penitenciaria», relata Girón.

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Otro caso que recuerda sobre el estado de indefensión de los presos políticos en cárceles comunes es el de Francisco Guerrero, quien desapareció en la Penitenciaría General de Venezuela en 2014. Su familia lo vio un miércoles y posteriormente no recibieron pistas de su paradero. El caso cuenta con una decisión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y también con una medida de la Corte Interamericana sin que hasta el momento su familia tenga una respuesta de qué pasó con él.

«Esos son los riesgos que pueden ocurrir en una cárcel de presos sociales (comunes) donde no se les garantiza la vida e inclusive, los pueden mandar a matar», agrega Girón.

Por su parte, Santacruz coincide en que las cárceles de Venezuela no cumplen las llamadas «normas Mandela», que establece la ONU para los privados de libertad.

«Estos traslados ponen en riesgo a las personas privadas de libertad por hechos políticos, ya que no hay garantías de que se respete siquiera, el derecho a la vida», dice Santacruz. Agrega que «los presos políticos no deberían existir y cuando los hay, por principios internacionales, no deben estar con presos comunes».

Es positivo, pero siguen los vicios

Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que el hecho de que se cierren centros de tortura «es positivo, ya que no puede haber un Estado paralelo y en eso se habían convertido el Sebin y la Dgcim al negar liberar a personas con boleta de excarcelación, por ejemplo».

En ese sentido señala que es bueno que los presos políticos salgan de esos centros, pero aclara que lo que no puede ocurrir es que se trasladen los vicios del Sebin y la Dgcim al ministerio de Asuntos Penitenciarios. Más allá de esta apreciación positiva, para Daniels es sorprendente que señalen en el decreto que el Ministerio Penitenciario es el que tiene competencia sobre estas personas detenidas en estas instituciones.


Están injustamente detenidos estén donde estén y deben ser liberados. Son vidas humanas y se debe exigir que las cárceles sean lugares dignos

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia

«Entonces si era así desde hace años, ¿por qué estaban detenidos en instituciones que estaban fuera de las competencias del Ministerio? Esto pone en evidencia las incoherencias legales que hay sobre el tema penitenciario y que la arbitrariedad es la reina, y las personas detenidas van a donde el gobierno le parezca», y agrega que con el decreto se está reconociendo que eran irregulares y contrarios a la ley estos centros de reclusión.

El otro punto que destaca el abogado es el hecho de que es un cambio de custodios pero no cambia la calificación de presos políticos, es decir, están presos por oponerse al gobierno y eso sigue constituyendo una violación de derechos humanos.

«Están injustamente detenidos estén donde estén y deben ser liberados», sentencia Daniels, quien defiende el hecho de que se debe abogar por todos los presos y porque se les respeten sus derechos, sean comunes o políticos. «Son vidas humanas y se debe exigir que las cárceles sean lugares dignos», dice.

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En cuanto a los militares presos en la Dgcim, considera que serán trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, pero reconoce que no está claro qué pasará con presos como Miguel Rodríguez Torres, detenido en Fuerte Tiuna.

Presos políticos

Algunos de los presos que pueden ser trasladados a cárceles comunes son: Roland Carreño; Gilberto Sojo; los hermanos Otoniel y Rolando Guevara; María Auxiliadora Delgado Tabosky, acusada de conspiración; Jhon Hader, preso por una foto con Leopoldo López; los norteamericanos Luke Denman y Airan Berry, acusados por la operación Gedeón; Josnar Baduel, acusado por la operación Gedeón, e incluso personas que en algún momento tuvieron cargos en los gobiernos de Chávez y Maduro, como es el caso de Eulogio del Pino, expresidente de Pdvsa.

El abogado Alí Daniels no cree que la medida se ejecute al 100% y se mantiene a la expectativa de si no se tratará solo de una operación cosmética para decirle a la Alta Comisionada que cumplieron al cerrar el Sebin y la Dgcim.

De acuerdo con las diputadas electas en 2015, Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, entre el 19 y el 20 de mayo se trasladaron a 24 presos políticos a cárceles como el Rodeo II y III y Yare II.

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