Caracas.- El martes 1 de noviembre, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, mediante la que pidió autorización para reiniciar su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En ese contexto, en un foro organizado el jueves 10 de noviembre, por la ONG Acceso a la Justicia, con especial énfasis en la CPI y los procesos de justicia transicional, el catedrático de Derecho Penal Internacional y Derecho Comparado en la Universidad de Göttingen (Alemania), quien además fue juez en el Tribunal Especial de Kosovo, en La Haya, Kai Ambos, destacó que la solicitud de Khan se basa en un documento técnico, de 62 páginas, con argumentos convincentes.
«Hay mucha información objetiva que confirma la posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», concluyó Ambos en una intervención vía Zoom, al referirse a su análisis de la solicitud y el documento técnico que presentó Khan.
La solicitud de Khan, de acuerdo con lo que informó él mismo en un comunicado difundido por la CPI, se produjo luego de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por el Estado venezolano -un voluminoso informe de 18.200 páginas-, así como de otras fuentes creíbles, tras lo cual concluyó que el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano en abril, para que la Fiscalía de la CPI se inhibiera, no se justifica.
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Khan añadió que su oficina consideró los esfuerzos por parte de la administración de Nicolás Maduro para compartir información sobre los procedimientos y los intentos de reforma en el sistema judicial en Venezuela; sin embargo, lo que han demostrado, hasta ahora, el gobierno y el Estado no es suficiente, por lo que no existe un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes.
«Bajo el principio de complementariedad, los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar verdaderamente los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte», destacó el fiscal de la CPI.
Fuentes y procedimientos
Cuatro días después de la solicitud de Khan, el 5 de noviembre, la Cancillería del gobierno de Maduro rechazó la decisión del fiscal general de la CPI y calificó de «claramente prejuiciada» la visión de Khan sobre el caso venezolano, «haciéndose eco de las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos».
En su comunicado del 5 de noviembre, la Cancillería de Maduro calificó de preocupante la solicitud de Khan, pues, destaca, «se fundamente básicamente en fuentes secundarias carentes de toda credibilidad«.
Ambos, quien también fue asesor de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, señaló que, ante el alegato de aplazamiento que presentó el Estado venezolano en la CPI, las autoridades venezolanas tienen que demostrar que investigan si, efectivamente, hay una situación de crímenes de lesa humanidad.
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Ambos se preguntó si en Venezuela hay voluntad por parte de un poder judicial independiente.
«Es un problema que en un sistema de justicia, por ejemplo, no haya continuidad de jueces, de fiscales permanentes. Eso lleva a pensar que no hay buena fe«, dijo el experto al referirse a las conclusiones del segundo informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, establecida por el Consejo de DD. HH. de la ONU, en septiembre de 2019.
«El Estado debe demostrar que ejecuta adecuadamente su labor, que investiga si existen crímenes de lesa humanidad, una situación que, además, no es un invento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los tres informes de la misión de la ONU son muy importantes», resaltó Ambos.
Momento de las víctimas
El fiscal general de la CPI destacó en el comunicado sobre su solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares que, en última instancia, corresponderá a los jueces de la CPI decidir sobre los méritos de la solicitud de aplazamiento presentada por el Estado venezolano y la de la Fiscalía del organismo internacional.
De acuerdo con el catedrático alemán, el período que comenzó a partir de la solicitud presentada por Khan es un lapso de consultas, en el que tanto víctimas como el Estado venezolano, podrían presentar sus observaciones.
«Creo que es muy probable que eso pase, es lo recomendable: que los grupos de víctimas tengan la oportunidad de presentar observaciones», destacó Ambos.
El abogado, defensor de DD. HH. y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien además fue el moderador del foro del jueves, coincidió con Ambos en cuanto a la oportunidad que representa para las víctimas la solicitud que presentó el fiscal general de la CPI y destacó que en la fase actual del referido caso Venezuela I no hay un tiempo determinado para que la Sala de Cuestiones Preliminares emita su dictamen.
«Es el momento para que las víctimas puedan hablar ante la Sala de Cuestiones Preliminares y puedan presentar sus alegatos en apoyo a la Fiscalía de la Corte Penal, eso hasta ahora no había ocurrido», añadió Daniels.