Expertas consideran positivo para las víctimas el informe de fiscal de la CPI

Andrea Santacruz y Sara Fernández recuerdan que aún faltan dos fases del examen preliminar y resaltan el compromiso de Fatou Bensouda en culminar con el examen en la primera mitad de 2021

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Corte Penal Internacional. | Foto: Cepaz

Este lunes se conoció que la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda presentó ante la Asamblea de Estados que forman parte de esa instancia su informe, en el que concluyó que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”.

Así se cierra la fase dos y se inicia la fase tres, pero ¿qué impacto tiene esto para el país, para las víctimas?

El Pitazo conversó con Andrea Santacruz, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, y con Sara Fernández, abogada y oficial de incidencia de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz). 

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Para la abogada Santacruz, el informe de la CPI significa, para los venezolanos, “un avance en el camino de la búsqueda de la justicia porque implica el pase a fase tres del examen preliminar, el cual tiene cuatro fases”. 

Por el lenguaje que se utiliza en el informe, dice Santacruz, “creemos que el año que viene puede ocurrir que haya un final de la investigación, pero también está la posibilidad de que se cierre el examen preliminar. Hay que manejar las expectativas correctamente”, recomienda la abogada.

— EP: ¿Cómo afecta a las víctimas?

— AS: En la búsqueda de justicia, la lucha contra la impunidad siempre es positiva, pero en el contexto en el que los posibles involucrados son quienes ejercen el control del Estado porque tienen el control de la fuerza, implica un riesgo importante en el aumento de la violencia hacia la disidencia. 

La abogada Fernández coincide en que el informe es positivo, una buena señal y una buena noticia, “porque vemos que el proceso está avanzando ante la Corte y que estamos más cerca de una resolución”. 

Otro punto importante que destaca Fernández es que la fiscal se comprometió en culminar con el examen preliminar para la primera mitad del 2021. “Es decir, que para la mitad del año que viene ya tendremos una decisión final de si se va a abrir una investigación”. 

Fernández agrega que implica también para las víctimas tener confianza en que sigue moviéndose el proceso a nivel internacional y que deben participar activamente si es que se abre una investigación. 

“Entonces, en conclusión, puedo decir que creo que en el informe se va por un buen camino”, dice la abogada.

— EP: Usted habla de participar activamente. ¿Cómo participan los ciudadanos activamente?

— SF: Quienes pueden participar son las víctimas. La fiscalía en sí no tiene presencia en el terreno y depende mucho de la información que le aporten las organizaciones de la sociedad civil que están en contacto directo con las víctimas. También existe una normativa de participación de víctimas dentro de la Corte si se llega a abrir una investigación; entonces, creo que ese contacto es importante para hacerlo si, definitivamente, la fiscalía decide que sí habrá una investigación.

— EP: ¿Qué pasa si la CPI decide que no habrá investigación? ¿Cómo quedan estas denuncias?

— SF: Recordemos que la situación de Venezuela no solo es abierta primero por la fiscal, por comunicaciones que había recibido, sino que fue referida expresamente por un grupo de Estados partes del Estatuto de Roma. 

Si la fiscalía decide que no se debe abrir una investigación, este grupo de Estados tiene la posibilidad de acudir ante la Sala Preliminar de la Corte para solicitar que la fiscalía revise su decisión. Ese sería el único mecanismo con el que se cuenta para que esa instancia reconsidere la decisión de la fiscalía.

Es importante, sin embargo, no adelantarse y seguir de cerca las decisiones que toma la fiscalía y las declaraciones que hace. 

No hay nada que nos haga pensar que no se va por buen camino, y adelantarse terminaría por generar desconfianza en las víctimas.  

— EP: ¿Por qué se acelera en esta fase, cuando las anteriores tardaron tanto? ¿O esos tiempos son normales? 

— SF: Los tiempos son normales. Venezuela es una situación que ha estado en la fiscalía desde el 8 de febrero de 2018 y es cuando formalmente la fiscalía decide abrir una investigación sobre la situación del país y allí se pasó a revisar la fase uno y la dos, la cual es un análisis complejo de muchísima información que viene no solo de organizaciones civiles o de otros organismos internacionales, sino también del Estado parte. 

La fiscalía dijo que en 2020 concluye la fase dos y que se pasa a la fase tres. 

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Entiendo la frustración y de hecho, la expresaba uno de los fiscales a cargo de la situación en el lanzamiento oficial del reporte en la Asamblea de Estados parte, y también la frustración de observadores externos por los tiempos que toma, pero estamos en un contexto en el que no es Venezuela la única situación referida a la Corte.

La fiscalía tiene además un déficit de recursos muy fuerte y una cantidad de exámenes preliminares que tienen más años que el de Venezuela. Entonces, hay que tener paciencia en estos procesos, que no son tan rápidos. 

— EP: Los crímenes que se investigan son los que ocurrieron en 2017. ¿Qué pasa con las denuncias de años anteriores?

— SF: Esa frustración la han manifestado otras organizaciones. Sin embargo, la fiscalía no intentó hacer un mapeo exhaustivo de todas las conductas que podrían ser calificadas de crímenes de lesa humanidad ni de la totalidad del umbral de tiempo.

La fiscalía se concentró en un grupo específico de violaciones sobre las cuales tenía mayor información y más confiable, y decidió utilizar ese grupo para lograr cumplir con el umbral de la fase dos, pero esto para nada quiere decir que mientras continúe con el examen preliminar y luego, si se abre una investigación, no se pueda abrir el umbral y ampliar a crímenes que ocurrieron antes de 2017.

Es más de estrategia sobre de qué delitos se tiene mayor evidencia. 

— EP: ¿Cuál es el objetivo del examen preliminar?

— SF: El examen preliminar tiene como objetivo ver si existen fundamentos razonables para que la fiscalía de la Corte abra una investigación. Es la etapa previa de la investigación formal. 

— EP: ¿Existe un tiempo específico para alguna de las fases?

— SF: En el examen preliminar no existe término en el Estatuto sobre cuánto puede durar cada una de las fases. Esto es un tema que se está discutiendo en la reunión de la Asamblea de Estados, precisamente cómo se hace para que los exámenes tengan un tiempo estimado.  

Fases del examen preliminar 

El examen preliminar consta de cuatro fases:

  • Fase uno: Evaluación superficial sobre si, por ejemplo, el Estado es parte del Estatuto de Roma o si se tiene competencia sobre el territorio. 
  • Fase dos: análisis de competencia material y si existen fundamentos para creer que se cometieron crímenes competencia de la Corte, que es la fase que acaba de culminar para Venezuela. 
  • Fase tres: trata de la admisibilidad. Se analizan dos elementos específicos que son: complementariedad y la gravedad. Para lo primero, la fiscalía verá si se realizaron procedimientos judiciales nacionales que sean pertinentes y auténticos en relación con los casos que puedan surgir de la investigación. 

En cuanto a la gravedad, se hace una evaluación de la escala, naturaleza y la forma en la que se cometieron estos crímenes, así como el impacto que tuvieron. En esta fase existe mucha comunicación entre la Corte y las autoridades, ya que aquella le pide a las autoridades que den información sobre posibles procedimientos que se hayan hecho en relación a los casos.

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  • Fase cuatro: se analiza el interés de la justicia y es la fase que debería durar menos. Analiza si a pesar de los crímenes cometidos y a pesar del impacto que tuvieron en las víctimas, la fiscalía considera que existen motivos para que la Corte no investigue. Es una noción bastante abstracta y fue aplicada solo una vez en el caso de Afganistán y luego fue revocada la decisión. 

Y luego del examen preliminar, ¿qué? 

Se inicia la investigación oficial y la fiscalía comienza a recabar evidencias que se puedan utilizar posteriormente en el juicio; puede haber mucha más participación de víctimas y testigos y la fiscalía comienza a armar su caso.  

La fiscalía comienza además a identificar los casos específicos que pudiera presentar y también puede solicitar órdenes de arresto contra presuntos responsables.

Sin mucha confianza

El Comisionado para los Derechos Humanos del gobierno encargado, Humberto Prado, manifestó este martes que no estaba muy convencido ni tenía mucha confianza en el informe presentado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, porque deja por fuera los delitos cometidos, por ejemplo, en 2014, lo cual, para él, es injusto con las víctimas. 

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