Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas, lo que incluye la expulsión de 13 funcionarios. Venezuela les dio como plazo de salida del país este domingo, 18 de febrero.
La decisión se produce después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció declaraciones sobre la situación alimentaria del país y de los centros de reclusión tras una visita hecha el pasado 1 de febrero a Venezuela.
El Pitazo resume en nueve claves lo que se sabe, hasta los momentos, sobre la salida de la ONU de Venezuela:
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1. Según el relator Michael Fakhri, los venezolanos continúan enfrentando dificultades para acceder a los alimentos. Señaló que algunos ciudadanos aseguran que las bolsas CLAP se les suelen negar a quienes expresan opiniones políticas contrarias a las del oficialismo.
Fakhri advirtió que esas bolsas con alimentos que entregan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) son utilizadas para el clientelismo político «y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación».
2. Fakhri denunció que no se le permitió visitar centros de reclusión en Venezuela. «Respecto a los centros de detención, el Gobierno no me permitió que fuera y, sencillamente, las autoridades estaban cambiando mi agenda de forma constante y muchas veces no sabíamos a dónde ir».
3. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, exigió recientemente respetar el derecho a la defensa de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. En un post, el organismo dijo que ya se conocía el paradero de San Miguel y el lugar de detención.
4. El canciller venezolano, Yván Gil, justificó la expulsión alegando que la institución actuó de manera parcial y como el «bufete particular de los grupos golpistas y terroristas». El Gobierno acusa a la ONU de mantener una postura sesgada desde la firma de la carta de entendimiento en 2019.
5. La decisión del Gobierno se produce en medio de críticas por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de supuesta vinculación a un plan terrorista para asesinar al presidente, Nicolás Maduro. La oficina de la ONU había expresado su profunda preocupación por la detención de San Miguel.
6. Mientras la decisión en torno a San Miguel fue respaldada por la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, fue rechazada por ONG, activistas y políticos de la oposición. La sociedad civil denuncia un aumento de la desaparición forzada y considera que la medida de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado busca evitar el escrutinio internacional sobre las violaciones de derechos humanos en el país.
7. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU lamentó la suspensión de sus actividades en Venezuela y la expulsión de su personal. Sus representantes aseguran que están evaluando los pasos que seguirán y reafirman su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de los venezolanos.
8. Estados Unidos expresó su alarma ante la decisión de Venezuela, considerándola como represalia. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Michèle Taylor, manifestó su grave preocupación por los arrestos por motivos políticos y pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas injustamente en Venezuela.
Con información de EFE y RunRun.