La ausencia de una publicación con resultados desagregados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), un mes después de los comicios presidenciales en Venezuela, llevó a actuar a los parlamentos de otros países sudamericanos. Entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre, el Senado de Chile y el Congreso de Colombia aprobaron sendas resoluciones para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que dicte una orden de detención contra el mandatario Nicolás Maduro.
Ante las acciones que realizan las instituciones estatales de otros países, El Pitazo le consultó este 6 de septiembre al abogado constitucionalista y director de la Coalición por los DD. HH. y la Democracia, Kelvi Zambrano, y a una organización no gubernamental que prefirió el anonimato sobre la factibilidad de la emisión de una orden de captura.
Además de asegurar que es “muy probable”, el entrevistado repasó las razones que la impulsarían y las alternativas que existen. Por otra parte, la organización reconoció que la presión internacional es clave, pero aclaró que la CPI ha tenido dificultades para ejecutar sus órdenes por “falta de voluntad política” y cooperación internacional.
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La viabilidad de un proceso
La CPI ha investigado la situación de Venezuela desde 2018. Comenzó en febrero, con la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las protestas de abril de 2017. En diciembre de 2019, se añadieron los casos de las manifestaciones de 2014 y especificó que su revisión del examen preliminar terminaría en 2020.
El 14 de diciembre de 2020 concluyó que había una base razonable sobre la posible comisión de crímenes dentro del país. Luego, en noviembre de 2021, el fiscal Karim Khan abrió una investigación contra el Estado venezolano y, desde entonces, ha visitado Venezuela 4 veces.
Zambrano señaló un par de puntos que sustentan la factibilidad de una orden de detención sobre el mandatario venezolano. El primero fue cómo se inició la investigación de la CPI, ya que un grupo de países, todos Estados partes del Estatuto de Roma, solicitaron indagar sobre la comisión de crímenes. En segundo lugar, está el principio de complementariedad, que señala la falta de voluntad del Estado venezolano para investigar sobre los hechos.
“Cuando no existe la voluntad política del Estado, también por el diseño de las instituciones venezolanas, que no son autónomas e independientes, la CPI lo evalúa. Eso evidencia que no hay una intención. Ahí se aplica el principio”, especificó el abogado, quien agregó que ninguna institución venezolana ha cumplido el memorando de entendimiento acordado con la CPI.
Además del peso que tienen los Estados miembros del Estatuto de Roma en las decisiones de la CPI, Zambrano destacó la labor de las ONG. Estas han solicitado investigaciones para reparar los daños a víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, penalización a menores de edad y torturas. Esas acciones le proporcionan nueva información al tribunal y “obligará al fiscal a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de la orden”.
Un proceso complejo
Cuando la CPI emite una orden de captura, los Estados miembros tienen que cooperar. Deben arrestar al acusado si se encuentra en su territorio y la Corte puede solicitar la cooperación de otros Estados que no son miembros. Las autoridades de los países que son parte del Estatuto de Roma coordinan la entrega del acusado en La Haya para comparecer ante la autoridad judicial e iniciar un procedimiento.
Según lo explicado por la organización de derechos humanos consultada por El Pitazo, la emisión de una orden de captura deriva de la demostración de un riesgo de fuga, obstrucción del proceso o la continuación de los crímenes. Eso se complica cuando la responsabilidad recae en un jefe de Estado, ya que no ejecuta personalmente los crímenes.
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La ONG dijo que la detención de presidentes en ejercicio ha sido “extremadamente difícil” por los factores políticos. Durante sus 22 años de historia, la CPI ha emitido varias órdenes.
Por ejemplo, contra Laurent Gbagbo, exjefe de Estado costamarfileño arrestado en 2011, pero absuelto en 2019. También se presentaron cargos contra Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, y retirados en 2014. Además, Omar al Bashir, mandatario sudanés derrocado en 2019, y Muamar el Gadafi, dictador libio asesinado en 2011, nunca fueron capturados y entregados a la Corte, pese a tener órdenes de detención.
“Estos antecedentes sirvieron para que la CPI explorara mecanismos que hagan cumplir sus órdenes”, aseguró el profesor Zambrano. Hace un par de años, Khan se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto a quien suscribió un acuerdo de cooperación. El organismo se comprometió a informar al tribunal sobre cualquier Estado miembro que incurriera en algún crimen tipificado en el Estatuto.
El diplomático uruguayo también hizo una gira por América para consultar la posibilidad de que los países pusieran a disposición sus fuerzas policiales para cumplir las órdenes de captura. Al hablar sobre la posible ejecución de una orden por parte de un cuerpo policial, también hay que considerar una presunta vulneración de la soberanía de un Estado. Esto puede derivar en un conflicto internacional en el que intervendría la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“La comunidad internacional será cuidadosa para no incurrir en una violación del derecho internacional público, pero tratando de hacer efectiva la orden de detención. Eso limitará la movilidad de Maduro por el mundo, su inmunidad. También podría ocasionar que negocie su salida, algo que no está pasando”, añadió el abogado, quien aseveró que la situación de Venezuela se resolverá por la vía diplomática.
No hay un camino, son varios
La CPI no es la única vía a través de la cual Maduro pudiese recibir una orden de captura. Zambrano recordó el principio de jurisdicción internacional. Bajo este fundamento, se procedió a la captura del dictador chileno Augusto Pinochet, tras la orden emitida por el juez español Baltasar Garzón y ejecutada por la policía británica.
Otro ejemplo, aunque es un expresidente, puede ser Charles Taylor, arrestado y condenado por un tribunal especial debido a los crímenes que cometió cuando fue gobernante de Liberia. “Esto reafirma las limitaciones de la Corte para detener a mandatarios en ejercicio”, recalcó la ONG dedicada a los derechos humanos.
Pese a las barreras que puede tener la CPI, la presión internacional para que tome una decisión aumenta cada día. El 6 de septiembre, el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), por medio del expresidente colombiano Andrés Pastrana, denunció a Maduro y al recién nombrado ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, ante la Corte para exigirle que intervenga con urgencia sobre un gobierno “militar y represor que ejerce el terrorismo de Estado”.
Hace una década se inició una investigación contra Maduro en la Justicia argentina, que es basada en el principio de jurisdicción universal. Por ser un proceso “bastante adelantado”, Zambrano adelantó que probablemente emita una orden antes que la CPI, que se vería presionada para actuar.
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