Barquisimeto.- Blanca Chirinos está en silla de ruedas desde el pasado marzo de 2024 porque sufrió una fractura de tibia y peroné. Su familia intentaba reunir dinero para la operación, pero no lo han logrado. Lo que habían recaudado tuvo que destinarse al proceso legal, alimentación y visitas semanales a su hijo, Carlos Jiménez, de 17 años, que fue detenido el pasado 3 de agosto, después de la elección presidencial del 28 de julio.
Al adolescente lo detuvieron en el contexto postelectoral, por tener videos de protestas en su teléfono celular, según declaró su hermana Nerianny Camacho, quien calculó que cada semana gastan 50 dólares entre transporte y alimentos para llevar a la visita.
En un video compartido con El Pitazo este 5 de diciembre, Blanca, sosteniendo la foto de su hijo graduado de bachiller, exigió una revisión de su caso: «Mi hijo no es terrorista (…) Él es un joven estudiante, aspirante a la carrera de Ingeniería Civil, con su cupo en la UCLA (…) es un muchacho muy tranquilo, responsable, que no ha tenido problemas con nadie».
Señaló que el proceso legal ha deteriorado su salud, pues desde hace cuatro meses debe movilizarse cada sábado desde el oeste al sur de Barquisimeto para llegar al Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como el Retén del Manzano. «Exijo su libertad, él es inocente de todo lo que se le acusa», añadió.
Carlos no es el único detenido. En el mismo lugar está Anderson Castillo, de 17 años, hijo de Orlando Castillo, de 70 años y Bersay Campos, de 59. La pareja de adultos mayores, de escasos recursos, enfrenta dificultades económicas para sobrevivir y mantener alimentado a su hijo en prisión. «Nadie me da trabajo por mi edad», explicó el padre en un video difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OBV) el 3 de diciembre.
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Antes de su arresto, Anderson contribuía al sustento familiar con su trabajo en una charcutería, sumado a los ingresos del Bono de Guerra y la pensión de 130 bolívares de sus padres, pero solo estos últimos dos ingresos no son suficientes.
Sumado a esto, Orlando relató que el 3 de diciembre llevaba seis días sin dormir mientras acompañaba a su esposa hospitalizada en el hospital Dr. Pastor Oropeza de Barquisimeto. Bersay sufrió complicaciones derivadas de hipertensión y diabetes, que han evolucionado hacia insuficiencia renal, requiriendo diálisis en varias ocasiones.
En otro video compartido por Castillo el 5 de diciembre desde su hogar en el sector Prados de Occidente, al oeste de Barquisimeto, mostró los 17 medicamentos que su esposa debe consumir para tratar sus patologías.
Explicó que la salud de Bersay ha empeorado desde la detención de su hijo. Según Castillo, en cada una de las cinco audiencias, tanto la preliminar como las de juicio, los representantes judiciales aseguraron que «(el adolescente) no aparece en videos ni fotos», lo que ha mantenido esperanzados al joven y a su madre. Sin embargo, en la última audiencia, realizada el 3 de noviembre, no hubo avances y «la madre ahora agarró otro cuadro (de salud) peor», señaló Castillo.
Samuel Aarón Rodríguez, otro adolescente de 17 años, también permanece recluido en el Retén de El Manzano por razones políticas. Su madre, Gilsbelys Vásquez, compartió este 6 de diciembre, en un video, fotografías que muestran que su hijo es bachiller, deportista y estaba a la espera de fecha de inscripción para ingresar a la universidad a estudiar Fisioterapia.
Vásquez aseguró que Samuel no participó en los hechos por los que se le acusa. Al igual que Wilmary Díaz, madre del cuarto adolescente detenido de 17 años, mostró imágenes en las que el vestuario de su hijo no coincide con el de los atacantes de una grúa de Transbarca la noche del 29 de julio en la avenida Florencio Jiménez de Barquisimeto.
Las madres de los jóvenes detenidos exigen su liberación inmediata. De los cinco recluidos, cuatro tienen 17 años y uno recientemente cumplió 18. Estas familias han vivido un carrusel de emociones durante las dos olas de excarcelaciones que han ocurrido desde las detenciones en Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio. Cuatro meses después, la Fiscalía aún no ha presentado pruebas que sustenten las acusaciones de «actos terroristas».
«Un terrorista sale preparado, un terrorista sale encapuchado, con zapatos. Un terrorista no va a delinquir en chancletas y bermudas. Exijo liberen a mi hijo», concluyó en su video una de las madres.
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