Enrique Márquez considera inapropiado hablar de sobreprecio en el proyecto eléctrico de CAF

El diputado de la Asamblea Nacional Enrique Márquez (UNT) aclara que en el proyecto de recuperación del sector eléctrico que justifica el préstamo de USD 350 millones a solicitar a la CAF contiene estimaciones presupuestarias. Considera necesario llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro para resolver la crisis del Zulia

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Foto: EFE

Maracaibo.- Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional por UNT, defiende la aprobación de la Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia del Sector Eléctrico, que autoriza un endeudamiento del Estado venezolano por 350 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Aclara que el proyecto está en una etapa de estimaciones presupuestarias.

«Las estimaciones presupuestarias fueron hechas tanto por personal técnico de Corpoelec como por personal del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la CAF que tiene experiencia en el área. (…) Hablar de sobreprecio es impropio e inadecuado, tenemos una estimación para garantizar la construcción del proyecto», dijo el parlamentario en entrevista telefónica con El Pitazo.

El Mecanismo de Apoyo Humanitario ante la Emergencia del Sector Eléctrico solo es posible si la AN lo aprueba. En él se estima la compra de 240 megavatios en unidades de generación de respuesta rápida, la dotación de plantas para hospitales y la recuperación de 831 megavatios térmicos instalados en plantas de Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Zulia y Caracas.

Márquez insistió en que han sido muy cuidadosos en la elaboración del proyecto. «Esto se ha construido a la sombra, porque es un trabajo conjunto con muchos sectores técnicos y políticos para poder lograr el objetivo que perseguimos, que es ponerle un tratamiento de emergencia a la situación eléctrica, principalmente al estado Zulia».

Reconoce que la ley implica aprobar un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro con la CAF, que es el financista, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que sería el ente administrador y ejecutor de las obras.

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«Yo prefiero hacer un esfuerzo por lograr un mínimo acuerdo que pase por una operación transparente, donde no se le entreguen los recursos a Maduro, sino que se le entreguen a la ONU como ayuda humanitaria».

Revela que no todos los partidos de oposición que hacen presencia en la AN están a favor de la ley y espera poder lograr el acuerdo antes de finalizar el periodo de sesiones de este año.

-¿Por qué comprar equipos, si en el país hay suficiente generación térmica instalada?

-Yo pienso que en Venezuela hay una cantidad de equipos dañados que se deben reparar inicialmente; no se debe aumentar el parque termoeléctrico. Pero en el caso del Zulia, reparar Termozulia va a llevar mucho tiempo. Se espera que Termozulia se tarde hasta dos años en repararse porque los daños en las turbinas son mayores. Las reparaciones en las interconexiones también son muy lentas; la interconexión aérea está en muy mal estado. Estamos incluyendo un concepto para reparar esas torres. Al cable sublacustre que se está diseñando le faltan dos años para poder ser instalado, y qué hacemos.

La idea que cobró más fuerza es comprar máquinas de fast power, que son las que se usan en todas las partes del mundo cuando hay emergencias de este tipo y que están disponibles en el mercado para ser compradas e instaladas en los próximos tres meses, con lo cual se estaría colocando un aporte importante para empezar a recuperar el sistema eléctrico en Zulia.

En el plan también se incluye la reparación de la unidad 2 de Termozulia para cerrar el ciclo combinado. Hacen falta unos repuestos y los estamos incluyendo para instalarlos. En el programa se incluye además la reparación de la planta de El Vigía (Don Luis Zambrano), que va a equilibrar el sistema de Los Andes y ayuda al Sur del Lago de Maracaibo. Se incluye reparación de plantas en Nueva Esparta y de India Urquía, en Caracas.

Es un plan diseñado para la emergencia; entendemos que puede ser mejor. Pero este plan fue concertado con varios factores, incluido Corpoelec, porque es el que puede dar el permiso para meternos en el sistema. Sin el permiso de Corpoelec, es imposible hacer ninguna obra.

-En el proyecto estiman comprar 240 megavatios en unidades de respuesta rápida por un monto de USD 194 millones, pero de acuerdo con los precios de los fabricantes saldrían por el orden de los USD 108 millones.

-Sí, eso es cierto.

-Si sumamos los trabajos de IPC, se requeriría un monto adicional por el orden de los USD 7 millones, según especialistas consultados que indican que las obras para la instalación de esas máquinas son mínimas. ¿Podría detallar los gastos de ese presupuesto?

-No le puedo dar el detalle de esos costos en estos momentos, pero le puedo decir cuáles son las obras. En cada instalación hay que hacer unas obras civiles mínimas. Por ejemplo, hay que construir unas bases de concreto para poder colocar estos trailers —donde vienen las turbinas—, que necesitan estabilidad. Además es necesario realizar la instalación de tuberías para el suministro de los servicios básicos a esas maquinas, combustible, aire, agua. Adicionalmente, debe incluirse la operación y mantenimiento por tres años, un costo en el que va a incurrir la empresa que sea seleccionada para operar y mantener las unidades por tres años.

Es un presupuesto que se hace en función de garantizar que se dé el dinero para la construcción de la obra. Pero ahí vamos a recibir oferta de todos los fabricantes y de todas las empresas, y el mejor postor va a ganar. Ojalá de esos millones podamos ahorrarnos algo. No podemos hablar de sobreprecio, porque son estimaciones que se hacen para garantizar las obras. Ni la AN, ni la oposición ni el Gobierno van a participar en la contratación de esas empresas. La licitación la manejará la Pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y será bajo la normativa internacional.

-¿En esas estimaciones está el precio del combustible que usarán las maquinas?

-El combustible lo suministra el Estado, ya sea gas o diesel; es un aporte del Estado. Hubo un compromiso del Estado de proveer ese combustible. La empresa que gane la licitación se encargará de operar las máquinas y darles el mantenimiento por tres años. Esto se hizo para que Corpoelec no sea la que opere, porque entendemos que no tiene el personal adecuado, que la experiencia no es buena y queremos que esas máquinas funcionen bien.

-¿Todo el proyecto se hace bajo la coordinación de Corpoelec?

No bajo la coordinación, sino bajo la autorización de Corpoelec. Obivamente, porque si vamos a instalar máquinas en la Ramón Laguna y esto está bajo la tutela y el dominio de Corpoelec, tenemos que solicitar los permisos, la normativa de seguridad necesaria. Tiene que haber una comunicación.

-¿Por qué no optaron por instalar el cable del Puente sobre el Lago, si según Corpoelec está en Zulia y piensan instalarlo?

-No es una solución, porque el cable no está diseñado para estar instalado en una distacia de 10 kilómetros. Este es un cable comprado por Pdvsa, que estaba almacenado en Güiria. El cable requeriría 42 empalmes y el anterior tenía sólo tres empalmes. 42 empalmes es demasiado para este tipo, la falla en este tipo de cable ocurre con los empalmes. Es una locura; cuando se discutió con Corpoelec ellos no pudieron argumentar nada en contra de este argumento, que fue del Colegio de Ingenieros de Venezuela, porque incluso pone en riesgo la estructura del puente.

La construcción del cable de 400 kilovoltios fue encargada a una empresa Noruega, que tuvo que paralizar su construcción porque el Gobierno (de Nicolás Maduro) le dejó de pagar. La empresa se tarda dos años en construir el cable porque es muy específico para las condiciones en las que va a ser usado.

Hemos querido hacer algo bueno en el corto plazo porque si no no se atiende la emergencia. Yo estoy de acuerdo con los estudios que han presentado los ingenieros Aguilar y Lara, que respetamos y nos van a hacer falta cuando recuperemos el país, pero en esta oportunidad hemos sido muy responsables en trabajar en un proceso que técnicamente sea sustentable y que sea absolutamente transparente.

-El proyecto plantea para Zulia una incorporación de 391 megavatios. ¿En cuánto soluciona la crisis?

-Yo creo que estaría solventando cerca de la mitad de la crisis. Pudiéramos tener un franco avance. Para recuperar toda la crisis tenemos que recuperar toda Termozulia, Ramón Laguna y las interconexiones. Eso es mucho dinero, que no está disponible y requiere de una voluntad política del Gobierno, que no la tiene, porque si el Gobierno tuviera la voluntad política de resolver, estaría en vía a la solución.

-¿Al aprobar esta ley se aprueba un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro, la Pnud y la CAF?

-Sí, claro.

-¿No estarían ustedes favoreciendo al gobierno de Maduro?

A mí también me gustaría que el gobierno de Nicolás Maduro saliera mañana. Creo que le ha hecho un daño terrible a Venezuela con su permanencia en el poder. Pero yo soy zuliano, vivo ahí y sé lo que estamos pasando. Yo prefiero hacer un esfuerzo por lograr un mínimo acuerdo que pase por una operación transparente, donde no se le entreguen los recursos a Maduro, sino que se le entreguen a la ONU como ayuda humanitaria, porque lo que pasa en Zulia no es humano. Si eso no es una razón para hacer un acuerdo parcial —que no reconoce en absoluto a nadie, sino que reconoce que hay una emergencia humanitaria, que el Gobierno no puede manejar los recursos y que los debe manejar la ONU—, si no hay razones suficientes para hacer ese acuerdo, yo no sé para qué acuerdo hay motivos.

Considero que esto es una oportunidad buena para avanzar en un asunto que es de emergencia para el Zulia y el país. Hay quienes no quieren verlo así porque consideran que es una concesión política a una de las partes. Yo creo que es una concesión a los zulianos y un aporte a la calidad de vida de millones de personas en el país.

-Usted dice que han sostenido encuentros con factores del gobierno de Maduro para evaluar el mecanismo. ¿Por qué esta vez sí aceptan esta ayuda humanitaria para el sector eléctrico y meses atrás no se aceptaron otros mecanismos de ayuda humanitaria?

-Eso debería preguntárselo al Gobierno. Yo creo que el Gobierno también acepta que la emergencia es grupal, y al ser grupal tiene que haber mecanismo de solución. Estamos construyendo un mecanismo de solución que tiene que ser aceptado por todas las partes, y no ha sido aprobado porque no hay consenso en todas las partes. Hay quienes en la oposición piensan que deben darse otros elementos. Están haciendo sus observaciones y nosotros con paciencia las estamos recogiendo, pero estamos en los días finales en los cuales esto se pueda aprobar. Sería una lástima que los zulianos no pudieran contar con este apoyo, sencillamente porque no nos pongamos de acuerdo entre nosotros.

-¿Cuál es la razón por la que no logran el respaldo de todos?

-Hay diferencias en los factores de oposición. No me gustaría detallarlas para no contribuir a estimularlas. Estamos trabajando para resolverlas. Son asuntos técnicos y políticos y esperemos que se logre el acuerdo para resolver y poder aprobar. Creo que es un programa bueno para todos; todos ganamos de alguna manera.

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