Sin esposas, maquillada, vestida con pantalón negro de semicuero, camisa blanca, chaqueta de color rojo y botas de tacón alto. Así llegó la excongresista colombiana Aída Merlano a la sala 6 de los Tribunales Especiales con función de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas. Eran las 3:35 pm. Habían pasado más de cinco horas y media desde una convocatoria del Ministerio de Comunicación e Información a la prensa para cubrir, inusualmente, un acto judicial. No habían detalles, salvo que sería “un hecho histórico”.
La cita del ministerio a los medios fue pautada a las 10:00 am en el hotel Meliá de Caracas. Inicialmente se creyó que sería una rueda de prensa, pero la instrucción fue cambiaba en pocos minutos. “Serán trasladados en autobús Yutong al Palacio de Justicia”, informaron funcionarios del Minci. El desconcierto era evidente. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, la justicia venezolana ha mantenido una política restrictiva para dar a conocer a la prensa el desarrollo de procesos penales, principalmente en casos de líderes opositores entre ellos Leopoldo López y Juan Requesens. En el caso de Merlano este patrón quedó en segundo plano.
Merlano fue detenida el pasado 27 de enero por efectivos de la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional en un barrio relativamente acomodado de Maracaibo en el estado Zulia. Allí le imputaron los delitos de: uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir. La excongresista cumplía una pena en Colombia de 15 años de prisión acusada de fraude electoral. No fue sino hasta el 1 de octubre de 2019 que protagonizó una teatral fuga mientras asistía a una cita odontológica. Merlano se descolgó con una cuerda desde el consultorio, cayó al suelo, se levantó y se marchó en una moto. Una investigación fue abierta sobre cómo se le otorgó el permiso para acudir a ese compromiso médico.
Nicolás Maduro aprovechó su detención en suelo venezolano para desatar un nuevo cruce verbal con Bogotá, cuyo gobierno tildó de “ridículo” por solicitar una extradición al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y reconocido por 60 países mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó. «Manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra imbecilidad, a ver a quién te manda Guaidó», retó.
A las 12:50 pm, los periodistas ya se encontraban dentro del Palacio de Justicia. Desde el Minci indicaron que, pese a las restricciones de los tribunales, los medios podrían ingresar con teléfonos celulares para grabar audios y eventualmente tomar algunas fotografías. En un par de horas esa posibilidad se echó para atrás. «Es un juicio. La audiencia es solicitud de la imputada porque quiere ser escuchada. La prensa solo será testigo”, dijeron portavoces del ministerio.
Aída Merlano rendiría su primera declaración desde que fue presentada en una corte en Zulia. En las horas previas a su llegada, funcionarios del Palacio estuvieron adecuando la sala en la que se llevaría a cabo el acto. La limpiaron, le pusieron bombillos e incluso incorporaron bancos para permitir el aforo de los medios.
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La primera en entrar a la sala fue la jueza Carol Padilla, la misma que lleva los expedientes de mayor relevancia política para el gobierno de Maduro: el fallido atentado con drones del 4 de agosto de 2018, la insurrección armada del 30 de abril de 2019, entre otros. Casi 20 minutos después arribó Merlano. Vino escoltada por agentes uniformados del Sebin y el teniente coronel de la Guardia Nacional, Leonardo Cesar Malaguera Hernández. La imagen de la colombiana contrastaba con la que se le observó el día de su detención. Pulcra y arreglada. Como si no permaneciera recluida en las celdas del Sebin del Helicoide. La llegada fue el único momento permitido a los medios para registrar a la imputada en el Palacio.
Luego de una inspección de seguridad y bajo la condición de resguardar las pertenencias (incluido los teléfonos) en un cuarto cercano, uno a uno entraron los periodistas a la sala. Papel y lápiz fueron los únicos instrumentos con el visto bueno para realizar la cobertura. Sentada en un escritorio al costado izquierdo se hallaba Merlano, junto a una abogada de la Defensa Pública. Al otro lado un fiscal del Ministerio Público. En la esquina superior izquierda se encontraba un grupo de camarógrafos del Estado. Los únicos autorizados. La jueza Padilla dio inicio a la sesión, la cual justificó en los artículos 127 numeral 6 y 132 del Código Orgánico Procesal Penal.
Expertos de la ONG Acceso a la Justicia, consultados por El Pitazo, cuestionaron la disposición del tribunal, puesto que nunca “le conceden este tipo de audiencia a un imputado”. Además, dijeron que aún no le correspondía su audiencia preliminar porque no habían transcurrido los 15 días que exige la norma desde el momento de su presentación. Pero la jueza alegó que la ley venezolana contempla que un procesado puede declarar si así lo solicita. A Requesens, por ejemplo, le han diferido en más de 15 oportunidades su audiencia de juicio. En total, cumple 549 días en prisión sin recibir sentencia.
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Padilla llamó al estrado a Merlano, figura clave en la investigación de un presunto entramado de corrupción electoral en Colombia, para que iniciara su declaración. La exsenadora tenía un escrito a mano en varias hojas sueltas. Comenzó su relato ofreciendo disculpas por ingresar a Venezuela de forma ilegal. Aseguró que lo hizo como medida desesperada por la “persecución política” que, según ella, habría encabezado el presidente de su país, Iván Duque, para asesinarla.
Dio un repaso por sus inicios en la política y cómo a raíz de una relación sentimental con el senador Julio Gerlein, del partido Conservador, descubrió los alcances de la corrupción en la política colombiana. Aunque no ofreció detalles, acusó a la Fiscalía colombiana de haberle sembrado pruebas para ejecutar su aprehensión y presionar por su posterior condena. Según ella, detrás de este plan estarían el exvicepresidente del vecino país, Germán Vargas Lleras, y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, de quien dijo tener “grandes secretos” que harían caer a media clase política colombiana.
Habló durante 45 minutos. En varios segmentos de su relato se le cortó la voz y comenzó a sollozar al denunciar haber sufrido de maltrato físico y sexual en el lugar donde, afirmó, la tenían “secuestrada” después de su huída en Bogotá. Una fuga que dijo fue orquestada para silenciarla. Hizo llamados a Nicolás Maduro y su gobierno para que le brindaran protección, pues dijo que teme por su vida y de su familia si es devuelta a Colombia. Además le pidió que llevara su caso a instancias internacionales.
Puntualmente nombró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del que se retiró Venezuela en 2013 por orden del fallecido expresidente Hugo Chávez. También se refirió a los medios. Merlano se mostró dispuesta a conceder entrevistas, si así se lo permite la justicia, para revelar todos los casos de corrupción que involucrarían, entre otros, a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Todo su expediente, insistió, fue un “montaje” de estos políticos poderosos para usarla de chivo expiatorio por el conocimiento que tenía de casos como el presunto financiamiento a campañas electorales por parte de Odebrecht y pago de coimas a congresistas y empresarios.
“Ya no tengo nada que perder, solo mi vida”, exclamó.
Al concluir su relato, la jueza Carol Padilla preguntó a su defensa si tenía preguntas. Ni la abogada defensora ni los dos fiscales nacionales presentaron interrogantes. Pero Padilla sí formuló un par de cuestionamientos. El primero sobre si en Colombia había tenido la posibilidad de ofrecer una declaración similar. La respuesta fue negativa, una situación por la que responsabilizó a Vargas Lleras.
La siguiente pregunta sería sobre cómo consideraba ella el proceso que se le seguía en Colombia. Merlano respondió que fue irregular, por cuanto debió ser juzgada por tres magistrados y solo tuvo dos, de los cuales denunció que formaban parte del entramado en su contra. Además, añadió que fue calificada por una sala que no le correspondía. Así finalizó la sesión. Padilla, nuevamente, fue la primera en salir de la sala. Posteriormente, Merlano fue escoltada por la comisión del Sebin que la trajo a los juzgados.
Tras difundirse su declaración en la prensa, una marea de reacciones colmaron el ámbito político en Colombia. La ministra de Justicia de ese país, Margarita Cabello, fue de las primeras en salir al paso a la inédita audiencia. Calificó las palabras de Merlano de “oportunistas” y una “fabricación de Maduro” para enlodar al gobierno colombiano.
Otros líderes de la izquierda como el senador Gustavo Petro, no obstante, rescataron que el relato de la exsenadora conservadora prendió un ventilador que dejaría al descubierto la corruptela de compra de votos entre los aliados políticos del presidente Duque. Nada está claro sobre estas acusaciones. Tampoco sobre cómo continuará el juicio. Por lo pronto, el gobierno de Maduro ha evidenciado un uso del caso para asestar ataques a su contraparte colombiana, principal aliado de Guaidó en la región.
Bogotá, entre tanto, instó a que cese “el show mediático” sobre Merlano. Exige que le sea entregada a sus autoridades para continúe su condena en Colombia.
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