El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó al empresario Raúl Gorrín en su lista de los más buscados, por los cargos de lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
A través de su cuenta de Twitter, @ICEgov, el ente publicó la imagen y datos del magnate vinculado al gobierno de Nicolás Maduro en su sección «Miércoles de Más Buscados» (Most Wanted Wednesday). En su ficha se indica que desde el 16 de agosto de 2017 tiene abiertos nueve cargos por lavado de dinero y uno, por parte del tribunal del Distrito Sur de Florida, por conspiración para realizar lavado de dinero .
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El ICE acusa a Gorrín de pagar cantidades millonarias en sobornos a dos funcionarios de alto rango venezolanos «para garantizarse el beneficio de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables».
También se le acusa de pagar bienes de lujo, como propiedades, jets privados, caballos, relojes de alta gama y ropa de marca, en calidad de sobornos y de esconder sus transacciones ilícitas a través de cuentas de empresas de maletín. Además se le señala por la adquisición, junto a otros socios, del banco Peravia, en República Dominicana, utilizado para lavar tanto el dinero de los sobornos pagados como el de sus ganancias. De acuerdo con su ficha policial, Gorrín está residenciado en Miami, aunque las autoridades reportan haberlo visto por última vez en Caracas.
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Gorrín es dueño del canal de televisión Globovisión, así como de la compañía de seguros La Vitalicia. En noviembre de 2018, el Gobierno de Estados Unidos ordenó confiscar sus propiedades, valoradas en un aproximado de 77 millones de dólares, y en enero de este año la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) lo incluyó en su lista de sancionados, junto a su socio Gustavo Perdomo.
Igualmente, una investigación del diario español El Confidencial señala a Gorrín y a Perdomo de ser testaferros de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y de manejar miles de millones de dólares en bancos de Suiza y otros países, dinero utilizado para pagar sobornos y chantajes a diferentes políticos, funcionarios, jueces y periodistas.
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