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lunes, 26 octubre, 2020

Dirigentes sociales y gremiales de Vargas denuncian ante fiscalía amenazas recibidas por colectivos

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La Guaira.- Dirigentes sociales, políticos y gremiales del estado Vargas acudieron a la Fiscalía Superior de la entidad para solicitar a través de un escrito formal, se abra una averiguación sobre las amenazas y actos de hostigamiento del cual han sido víctimas estas últimas semanas.

“La violencia de cualquier tipo debe ser documentada. Estas acciones son dirigidas a través de colectivos impulsados desde la Gobernación de Vargas y del Partido Socialista Unido de Venezuela para sembrar miedo ante la participación de vecinos y dirigentes en las actividades convocadas en Vargas. Se irrespeta nuestro derecho a la participación política y a expresar libremente nuestro pensamiento”, explicó David Rodríguez Longa, vocero de la Red de Ciudadanos Activos por Vargas.

Junto a Rodríguez Longa acudieron Carolina Uzcátegui, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Vargas, Francisco Gatell, dirigente de Acción Democrática, y Reinaldo Gómez, activista de Voluntad Popular en la parroquia Caraballeda.

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“Exigimos al ministerio que se investiguen las amenazas por parte de estos grupos paramilitares o colectivos que desean instalarse en Vargas para propiciar el miedo, pues es obvio que el oficialismo ha perdido la adhesión del poder popular. Es por ello que actúan de esta forma para intimidar”, refiere Reynaldo Gómez.

Como se recordará, el 8 de mayo, paredes y espacios públicos frecuentados por líderes de la entidad costera que se oponen a Nicolás Maduro amanecieron con pintas de advertencia con la frase “Vamos por ti”. Entre ellas la vivienda de la diputada Milagros Eulate (AD), de dirigentes de los partidos UNT, Primero Justicia, Copei, Acción Democrática y Voluntad Popular, la sede de algunos de estos partidos y la Fundación Manos para Vargas que preside el diputado José Manuel Olivares (PJ). De acuerdo con voceros del Frente Amplio de Vargas, un total de 32 dirigentes relacionados con gremios o movimientos sociales y políticos se vieron afectados por esta práctica intimidatoria.

“Vinimos aquí a documentar la promoción de la violencia por parte del Estado hacia quienes ejercemos nuestros derechos constitucionales de protestar pacíficamente. Lamentablemente no acudimos para que se haga justicia de inmediato, sino para dejar constancia de estos hechos y se levanten las alertas correspondientes”, aclaró Gatell.

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Se estima que el resto de los afectados hagan lo propio y dejen constancias de estas amenazas ante el Ministerio Público.

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