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lunes, 3 octubre, 2022

Dirigente sindical denunció irregularidades en sentencia del TSJ sobre el caso Onapre

Los incumplimientos registrados por el TSJ hacen que la sentencia del expediente N° 2022-0257 sea hipotética e inexistente, declaró el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, Pedro García

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El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, Pedro García, denunció el sábado, 3 de septiembre, que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el caso de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) contiene incongruencias en los datos de los actuantes e incluso del abogado mencionado, lo que a su juicio solo busca «confundir, desmoralizar y desmovilizar al movimiento de protesta de los trabajadores”.

Recalcó en una nota de prensa que de los “20 accionantes identificados en el expediente antes indicado, en solo uno de los casos coinciden correctamente los datos personales con sus cédulas de identidad, luego de cruzar dichos datos con el Registro Electoral (RE) del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los 19 restantes no coinciden”, algo que también sucede con los datos de la abogada encargada de este caso. 

Destacó el sindicalista que sus denuncias van directamente dirigidas al expediente N° 2022-0257, firmado por el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, un documento donde declara la inadmisibilidad e inexistencia del instructivo Onapre por supuestos incumplimientos de los extremos de ley y faltas a la técnica procesal de parte de la abogada apoderada de los accionantes. 

“De la inconsistencia, errores y desorden en las identidades de los accionantes, como descubrimos, se puede concluir por analogía que posiblemente estamos en presencia de los mismos vicios expresados por el magistrado en contra de la parte actora. Esto es, un fraude”, afirmó García. 

Asimismo, destacó que los incumplimientos registrados por el TSJ hacen que la sentencia del expediente N° 2022-0257 sea  hipotética e inexistente y que al ver este escenario lo que pueden asumir es que la «única intención sería desmovilizar a los trabajadores» que en los últimos meses han tomado las calles para denunciar las reducciones en sus primas y exigir que se respeten sus contrataciones colectivas.

Por tal motivo, García exigió al contralor general, al fiscal general y al defensor del Pueblo que investiguen estos hechos y pidió a los trabajadores que no se intimiden ni se dejen confundir. 

“Denunciamos este posible fraude como parte de una estrategia de distracción elaborada desde el antro judicializado en el que se ha convertido la política oficialista contra los trabajadores”, puntualizó el dirigente sindical. 

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