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lunes, 20 mayo, 2024

Directora de Ipys Venezuela: criminalizar la labor periodística es una política vigente

De acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), la violencia y la impunidad no cesaron contra la labor periodística en 2022 y, entre los datos recabados por la organización, destaca el asesinato de un comunicador popular en Puerto Páez (estado Apure), así como otras 55 agresiones que afectaron la integridad de trabajadores de la prensa

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Caracas.- La labor periodística en Venezuela está bajo las sombras. Esa es la conclusión del reporte anual 2022 que divulgó el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS). La organización constató 257 casos que representaron 373 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.

Las cifras del estudio develan un panorama que está lejos de la normalización en materia de libertad de expresión, advirtió en entrevista con El Pitazo la directora de IPYS Venezuela, Marianela Balbi.

«En general, lo que vemos con este informe es que frente a un discurso de cierta normalización de la situación en Venezuela, en materia de libertad de expresión no existe eso. Para el Estado, la convivencia con sus propios medios es suficiente y eso es lo que presenta, con total indiferencia, como libertad de expresión: sin diversidad, sin seguridad ni respeto a las garantías», advirtió Balbi vía telefónica.

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De acuerdo con IPYS Venezuela, la violencia y la impunidad no cesaron de impactar la labor periodística en 2022 y entre los datos recabados por la organización, destaca el asesinato de un comunicador popular en Puerto Páez (estado Apure), así como otras 55 agresiones que afectaron la integridad de trabajadores de la prensa.

«En Venezuela, quienes se dedican al periodismo y a ejercer sus derechos a la libre expresión, opinión e información están bajo sombras que persisten. Los ataques, las amenazas, la criminalización y la persecución sistemática son los principales mecanismos que mantienen un clima turbulento por la censura y la autocensura en el país«, señala el informe de IPYS.

La organización contabilizó 27 incidencias en el entorno digital, bloqueos a páginas web de medios de comunicación, hackeos y otros ciberataques entre las restricciones en internet.

Discurso estigmatizante

En los últimos años, una de las prácticas de persecución contra medios y periodistas lo evidencia el uso del discurso estigmatizante, la criminalización de la labor periodística y las campañas de desprestigio y de desinformación por parte de actores del poder gubernamental, de acuerdo con IPYS.

La advertencia de la organización se pudo constatar recientemente, tras el revuelo causado por las publicaciones de medios de comunicación independientes, nacionales e internacionales, sobre la campaña de desinformación, pagada en YouTube, con el uso de inteligencia artificial para favorecer intereses del gobierno de Nicolás Maduro.

En 2022, IPYS Venezuela totalizó 62 vulneraciones con uso de discurso estigmatizante, que representaron 28 incidentes de insultos o descalificaciones de funcionarios públicos o figuras influyentes.

Una de las víctimas más recientes de esa práctica fue la periodista venezolana Florantonia Singer, corresponsal del diario español El País, quien fue atacada por el conductor del programa La Hojilla, Mario Silva.

«El discurso estigmatizante dirigido a criminalizar la labor periodística -que también se propaga en redes sociales y no solo en un medio abierto como la televisión- es una política vigente«, añadió Balbi.

Emisoras en la mira

Uno de los puntos llamativos del informe anual 2022 de IPYS es el que se refiere al cierre de 107 emisoras, consecuencia de un patrón de vulneración mediante restricciones administrativas.

«El uso del aparato estatal administrativo e institucional, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, está afectando la radiodifusión en Venezuela, que era una de las pocas ventanas que seguía abierta para la información. Hay que resaltar que de las 107 emisoras que cerraron, no todas eran de corte informativo o periodístico; sin embargo, defendemos un espacio radioeléctrico que sea plural», explicó Balbi.

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56 programas informativos o de opinión dejaron de ser transmitidos y 39 espacios salieron del aire en 13 de las 107 emisoras que cerraron entre enero y diciembre de 2022, de acuerdo con Ipys Venezuela. «De alguna manera muchas emisoras están evitando los temas políticos, electorales; se escudan en el entretenimiento, por ejemplo, y eso es parte de la evasión, de la censura y autocensura«, apuntó.

La representante de IPYS Venezuela precisa que la organización pudo constatar que una vez cerradas las emisoras, se reasignan las señales a personas cercanas a autoridades locales de las entidades en las que operan las estaciones radiales con restricciones. «Hay una especie de limbo en el espectro radioeléctrico con esos cambios de propiedad y las reasignaciones de señales».

Repliegue de la labor periodística

IPYS Venezuela constató 55 hechos vinculados con agresiones físicas y verbales en 2022 ejecutados por funcionarios de cuerpos policiales y efectivos militares. Balbi resaltó que la cifra es menor al registro de años anteriores debido al repliegue de la labor periodística en un entorno marcado por el miedo.

«No hay razones para creer que por la disminución de este índice las fuerzas que tienen el poder en las regiones son más respetuosas. Una hipótesis nuestra es que muchos periodistas se han replegado en la cobertura real, presencial, por las restricciones. No se están cubriendo temas delicados, calientes, sobre la realidad venezolana, muchos periodistas lo están haciendo desde afuera, con mayor distancia», argumento la periodista.

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Sofisticación de la desinformación

Ante la reciente campaña de desinformación con el uso de inteligencia artificial, Balbi resaltó que se trata de un paso más en la sofisticación de los mecanismos de desinformación que el Gobierno, con Maduro al frente, implementa desde hace ya casi una década.

«Es un patrón sistemático y estructurado desde el poder con la llegada del madurismo: el uso de todo el aparato institucional gubernamental y estatal para generar desinformación», añadió Balbi.

Entre las recomendaciones que detalla la organización en su informe anual, destaca la insistencia en visibilizar en la agenda pública la situación de los medios de comunicación, de los periodistas, así como de la prensa libre e independiente, en cualquier pliego de exigencias, a propósito de la negociación entre oficialismo y oposición paralizada en México.

«Necesitamos garantías que nos permitan llegar a los próximos procesos electorales, incluidas las primarias, en un entorno equilibrado», concluyó Balbi.

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