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martes, 18 mayo, 2021

Diputado Pirela acusa a exministro Loyo de dirigir una mafia en el sector agrícola

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Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) está investigando la red de corrupción judicial y de delincuencia organizada, que desde su exilio dorado en Estados Unidos (EEUU) dirige el expresidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), y exministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, expresó el diputado José Luis Pirela (F16J), presidente de la subcomisión de la Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.

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“Loyo se ha dedicado a legitimar capitales en Estados Unidos provenientes de los despojos ilegales e ilegítimos de grandes extensiones de fincas privadas, maquinarias, equipos, insumos agrícolas y pecuarios que suman cuantiosas perdidas a los productores venezolanos… En la investigación que estamos adelantando, está acreditado que durante su permanencia como presidente del (Inti), Juan Carlos Loyo, extorsionó y expropió a cientos de productores nacionales, con el apoyo de militares y bandas armadas”, puntualizó en una nota de prensa enviada a El Pitazo.

Asegura Pirela que existen suficientes elementos que indican que Juan Carlos Loyo en el ejercicio de sus cargos públicos, fue la cabeza de un grupo de delincuencia organizada, que actuaban de forma concertada. Afirma el diputa que Loyo invadió fincas, armado y acompañado por efectivos militares asaltaron y ocuparon cientos de fincas, en Mérida, Barinas, en el Sur del Lago de Maracaibo, y otras localidades del Zulia.

“Juan Carlos Loyo utilizó el proceso de expropiación, y las medidas de aseguramiento de la tierra para enriquecerse. Hasta el momento, los casos más emblemáticos están relacionados con la Hacienda Bolívar en el Estado Zulia y los Hatos Caroní, Guaiquerí, La Milagrosa, San Antonio y El Varguero en el estado Barinas, entre cientos de casos que esta comisión está documentando”, expresó Pirela.

Dijo el parlamentario que el caso más reciente que estamos investigando es el robo, hostigamiento y la extorsión judicial a Silvia Fonio, copropietaria de la Agropecuaria Fiori Di Riso C.A, en el estado Portuguesa, auspiciado por Marcos Eduardo Ordoñez Paz, en su condición de juez Segundo de Primera Instancia Agraria del estado Portuguesa, y del municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo.

“El juez Marcos Ordoñez Paz conjuntamente a Maria Carolina Villalta Caccia, Marcos José Villalta Caccia, Oscar Alí Villalta Blonval y los abogados Sergio Cuevas Landaeta, Manuel Rojas, Dulce Arduo, a través de medidas autónomas de protección a la actividad agraria han pretendido apropiarse de la Agropecuaria Fiori Di Riso C.A”, apunta el denunciante.

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Para el diputado ss alarmante que Loyo utilice sus tentáculos en el Poder Judicial desde Estados Unidos para seguir cometiendo tropelías en perjuicio de la producción agropecuaria de Venezuela. “Ahora, a través de la familia Villalta-Caccia pretende apoderarse de la empresa Fiori Di Riso C.A. hostigando a su legítima propietaria Silvia Fonio, a través del juez Marcos Ordoñez Paz, a quien estamos investigando por sus vínculos con una avioneta cargada de drogas que fue detectada, hace meses, en la finca que controla la familia Villalta-Caccia y sus abogados”.

Anunció el miembro de la Asamblea Nacional, que en los próximos días formalizarán ante Departamento del Tesoro y la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la denuncias con sus respectivos recaudos.

“En tal sentido, alertamos al jefe del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin, para que investigue de forma precisa la ruta del dinero y la utilización del sistema financiero norteamericano por parte de estos funcionarios judiciales, y abogados quienes actúan al amparo de la impunidad en Venezuela. Del mismo modo, elevamos un llamado a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen, para que investigue al juez Marcos Ordoñez Paz, a los abogados y demás personas que conforman el clan Villalta-Caccia vinculados con Juan Carlos Loyo”, expresó Pirela.

Pirela les recuerda a los abogados, funcionarios y relacionados que se han prestado para despojar de sus tierras a legítimos propietarios y violar sus derechos humanos, con hostigamientos y encubriendo delitos como el narcotráfico que también serán sancionados. “Ningún profesional o funcionario público debe ocultar información sobre este tipo de actividades ilícitas. De nada sirven excusas como el secreto profesional, o fórmulas que contribuyan con la impunidad. Los delitos relacionados con la delincuencia organizada no prescriben”.

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