Las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y Venezuela dejan en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad, alertaron este martes expertos reunidos en Medellín, donde se celebrará desde mañana la 49 Asamblea General de la OEA.
«Las víctimas (…) deben exigir la justicia a sus tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados, ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia con el poder político, por tanto no hay independencia, autonomía, y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua», aseveró el italiano Amérigo Incalcaterra, exfuncionario de la ONU en América Latina.
El experto participó en el panel «La Justicia internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad», que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevará a cabo desde mañana hasta el viernes.
«Lo más triste que uno enfrenta (en países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad), no es solamente el dolor de las víctimas, es también esa impotencia para poder acudir y exigir justicia, exigir la verdad», añadió.
Por su parte, Christopher Hernández, asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que el organismo tiene el compromiso de hacer frente a los crímenes de lesa humanidad en la región.
«La Secretaría General de la OEA no encuentra posible hacer caso omiso a los testimonios y las denuncias de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos (sobre crímenes de lesa humanidad)», afirmó Hernández, quien representó a Almagro en el panel.
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Las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, comenzaron el 18 de abril de 2018 y han dejado 317 muertos, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 197.
La CIDH manifestó en su último informe anual que en Cuba hay «restricciones arbitrarias» al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como «violaciones» al debido proceso, mientras que en Venezuela se han «agravado» las condiciones «estructurales» que afectan los derechos de los ciudadanos y han derivado en «una grave crisis».
«En Nicaragua, Venezuela y Cuba, las autoridades del Estado, principalmente su máxima autoridad, en ningún caso adoptaron medidas razonables para detener estas acciones», añadió Hernández.
La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga, centro especializado en estudios de América Latina que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, lamentó que haya tres países de Latinoamérica donde se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad.
«Mal puede un Estado que comete estos crímenes sentarse en la silla de la OEA a discutir cualquier otro tema que para su gente es totalmente intrascendente cuando se ha reprimido, asesinado, desaparecido, torturado o violado», añadió Suju.
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