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domingo, 11 abril, 2021

Delegada de la AN-2015 sustenta informe sobre ataques en frontera con Apure

Delsa Solórzano reveló que han recabado más de 30 testimonios de víctimas, los cuales han sido remitidos a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

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«Ausencia institucional en los estados fronterizos». Esta es la conclusión de los diputados opositores electos en 2015, reunidos en Comisión Delegada este 30 de marzo. Los parlamentarios, pertenecientes a la coalición opositora, debatieron sobre los enfrentamientos entre disidentes de las Farc y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), hechos que ocurren en el estado Apure desde el pasado domingo, 21 de marzo.

Delsa Solórzano, diputada electa en 2015, señaló que lo ocurrido en Apure contra pobladores de la localidad de La Victoria y El Ripial constituye una grave violación de los derechos humanos. 

Se refirió a las denuncias por uso indiscriminado de la fuerza en el marco de estos operativos, específicamente el asesinato de una familia de cuatro miembros, la familia Ramírez Remolina. 

Asegura Solórzano que han recabado más de 30 testimonios de víctimas, los cuales han sido remitidos a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Entre los testimonios están el del hijo mayor de esta familia asesinada, desplazado hacia Colombia, así como el de otros familiares que insisten en que sus allegados -madre, padre, cuñado y el hijo menor de 17 años- eran campesinos y no estaban vinculados a grupos irregulares.

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El testimonio agrega que, en el operativo, los funcionarios venezolanos preguntaron por la nacionalidad de los Ramírez Remolina quienes eran colombo-venezolanos.

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Solórzano informó además que estos hechos podrían configurar el delito de asesinato del apartado de crímenes de lesa humanidad, previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y que ante eso, se realizan investigaciones por parte de organismos independientes, sin especificar cuáles eran. 

Como parte de esas investigaciones están las experticias legales a los cuerpos que ya están en Colombia.

Por su parte, Williams Dávila, el diputado electo en 2015, aseguró que en Venezuela existen más de 500 pasos ilegales en la frontera.

Esos pasos ilegales, según Dávila, son fuentes de financiamiento para los grupos irregulares y funcionarios policiales y militares corruptos debido al abandono del Estado. 

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“Lo que ocurre en Apure no es ajeno a otras zonas fronterizas. Se convirtieron en zonas de exterminio”, dijo el parlamentario, quien además sostiene que la tesis del gobierno de Nicolás Maduro sobre un plan organizado por el gobierno de Colombia, no tiene sentido. 

“¿Qué ganaría Colombia con eso si a raíz de estos enfrentamientos tienen más migrantes y desplazados venezolanos?”, se preguntó. 

Insiste en que la permisibilidad del Estado con las disidencias de las Farc ha generado incluso que estos grupos irregulares usurpen funciones propias de la FAN ya que controlan la zona y hasta imponen toques de queda. 

Sembrando violencia

La organización Fundaredes presentó recientemente su informe Curva de violencia en los estados fronterizos 2020, en el que señalan que, producto de la actuación de grupos irregulares y cuerpos de seguridad del Estado, se han registrado 1.613 homicidios, de esos, 855 fueron productos de los 555 enfrentamientos ocurridos y también registraron 208 desapariciones.

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