Caracas.- La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles 7 de abril que su gobierno no autorizará la entrada y uso en el país de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y que sería entregada a través del mecanismo Covax.
En su alocución, Rodríguez detalló que siguiendo las recomendaciones de especialistas y científicos, y tras los informes de casos de trombosis asociados al uso de esta vacuna, la recomendación es no aceptar este fármaco para su uso en Venezuela.
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“19 fallecidos en Reino Unido por el efecto de esta vacuna. La recomendación de nuestros científicos es no aceptar esta vacuna, que no se aplique porque significa riesgo para nuestra nación”, enfatizó.
En este sentido, recordó que la vacunación en el país comenzó el pasado 18 de febrero con la rusa Sputnik V en las poblaciones de alto riesgo, así como personal médico y de seguridad.
Reiteró además que el gobierno de Maduro realiza las gestiones necesarias para garantizar la vacunación contra la COVID-19 en el país. “Venezuela tendrá su proceso de vacunación para toda la población a partir del segundo cuatrimestre del 2021”, sostuvo.
Nicolás Maduro había anunciado previamente que estas jornadas generales de inmunización comenzarían en junio con las vacunas adquiridas en Rusia, China y la cubana Soberana 02.
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Por otra parte, Rodríguez criticó el esquema de inmunización en varios países del mundo. “Nosotros no vamos a repetir el esquema de países ricos, donde solo los poderosos se vacunan”, dijo, mientras se hacía eco del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre la desigualdad en la dotación de fármacos en el mundo.
Sin embargo, la totalidad del personal de salud aún no ha sido inmunizada contra el COVID-19, mientras que algunos políticos han mostrado en las redes sociales como son vacunados, entre ellos el mismo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En su alocución, la vocera también hizo referencia a las medidas económicas anunciadas la noche de este 6 de abril por Maduro, que apuntan a promover el crecimiento de microempresas y la reducción de las importaciones para apostar al producto nacional, así como bonos a unos seis millones de trabajadores registrados en el sistema Patria y la ratificación de la inamovilidad laboral hasta diciembre de 2022.
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