COVID-19: otra amenaza que acecha a los presos políticos de Venezuela

Cuando ya Venezuela supera los 26.000 casos confirmados de COVID-19, aún ninguna autoridad ha presentado un balance sobre las condiciones de salud de los prisioneros en las cárceles y tampoco de los apresados por razones políticas

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El Helicoide | Foto: Archivo

Caracas.- En Venezuela para el mes de mayo, la Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, contabilizaba 428 presos políticos. De esta cifra el 95 % aún no tiene juicio, ni condena. Pero el horror que padecen los prisioneros no solo llega hasta ahí, también son sometidos a maltratos físicos y psicológicos.

Según expertos en Derechos Humanos, actualmente, la situación se torna mucho peor para la comunidad penitenciaria. La ausencia de cuidados médicos y las condiciones en los centros de reclusión, podrían generar un caldo de cultivo para la propagación del COVID-19. De esta realidad, tampoco escapan los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim), donde están recluidos la mayoría de los presos políticos.

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El pasado 8 de agosto, las alarmas se encendieron cuando se informó sobre la muerte de Erick Echegaray, quien estaba recluido en El Helicoide y, según el diputado José Manuel Olivares, murió con síntomas asociadas al COVID-19. Hasta ahora, ninguna fuente oficial ha confirmado esta versión y se mantiene el hermetismo.

Días antes de que se conociera el fallecimiento de Echegaray, familiares de presos políticos recluidos en el Sebin y la Dgcim ya habían denunciado sobre un número de casos importantes que han dado positivos a las pruebas rápidas de COVID-19.

Según la abogada y defensora de DD.HH entre el grupo contagiados en la Dgcim también estarían funcionarios de alto rango del organismo de inteligencia: Carlos Terán, director de investigación; Blanco Marrero, subdirector y otros tres funcionarios de otros departamentos.

Pronunciamientos

Ante el hermetismo y la negativa de las autoridades en permitir que una comisión médica constate la salud y el bienestar físico de los presos por razones políticas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se ha pronunciado en dos oportunidades.

«El régimen venezolano debe informar sobre la cantidad de presos con COVID-19 que hay en el Sebin y la Dgcim«, escribió a través de su cuenta en Twitter. Además pidió a la Cruz Roja Internacional visitar ambas sedes.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN), presidida por Juan Guaidó, también pidió un informe detallado de la salud de cada uno de los presos políticos.

Cuando ya Venezuela supera los 26.000 casos confirmados de COVID-19, aún ninguna autoridad ha presentado un balance sobre las condiciones de salud de los prisioneros en las cárceles y tampoco de los apresados por razones políticas.

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