Caracas.- El coordinador de Exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, informó, este lunes 16 de mayo, que él y Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, recibieron una demanda por difamación interpuesta por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
A través de la cuenta en Twitter de Provea, Alvarado indicó que este lunes recibió una «notificación de un tribunal penal del estado Carabobo, luego de exigir se investigue la presunta responsabilidad que pudiera tener el gobernador Lacava en las ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo».
Añadió que «la Policía estadal de Carabobo fue la más letal (de Venezuela) en 2021, de acuerdo con la investigación realizada por Lupa por la Vida».
Destacó que la exigencia de una investigación es lo que corresponde como activistas de derechos humanos. Aseguró que existe «una grave violación de los derechos humanos y deben investigarse los autores materiales y las cadenas de mando«.
Alvarado destacó que ese es el riesgo al que se enfrentan los defensores de los derechos humanos. «Pareciera que es una política de Estado no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad. No estamos diciendo que el gobernador es el responsable, sino que se debe investigar su presunta responsabilidad».
Recordó que ese es el papel del Ministerio Público y exhortó a la Defensoría del Pueblo para que colabore con la Fiscalía para que se investiguen, no solo las ejecuciones extrajudiciales de Carabobo, sino de todo el país.
«1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 2021», sentenció el defensor de derechos humanos.