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lunes, 23 mayo, 2022

Cofavic: «La tortura está diseñada para atemorizar bajo la lógica de dominación colectiva»

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Caracas.- Cofavic señaló este lunes 1 de julio que la muerte del capitán de Corbeta, Ramón Acosta Arévalo, es un nuevo caso que demuestra las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales mínimas que sufren las personas detenidas en Venezuela, configurándose un patrón de actuación generalizado que goza de
impunidad.

«La tortura está diseñada con el propósito deliberado de atemorizar a todos bajo la lógica de demostrar una fuerza de dominación colectiva», subraya la ONG a través de un comunicado.

La organización expresó «su profunda preocupación por el caso del capitán Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de junio teniendo como lugar de detención las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)».


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Cofavic apuntó que como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.

Prohibición de torturas

La organización recuerda que la prohibición de prácticas de torturas es absoluta y queda reflejada en numerosos tratados internacionales y regionales, considerados de obligatorio cumplimiento para todos los Estados.

Además, manifiestan que en las investigaciones de crímenes contra los derechos humanos, el Estado no puede asumir la versión policial como la oficial y tampoco pueden las autoridades que van a investigar los hechos, presentar versiones con prejuicios o determinar realidades que no han sido suficientemente investigadas, ni mucho menos quienes no detenten facultades judiciales o fiscales, adelantar evidencia u opiniones que afecten el curso de los procesos que se instauren.

La ONG expresa a los familiares y allegados del Capitán de Corbeta Ramón Acosta Arévalo, su más profundo pesar por su muerte en circunstancias aún no esclarecidas.

Investigación con estándares internacionales

Cofavic solicita firmemente a las autoridades del Estado venezolano llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte del capitán Acosta Arévalo, con el fin de establecer las responsabilidades que sean pertinentes.

Para ello, subraya la necesaria utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes, con base en el Protocolo de Minnesota, para la investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales; y el Protocolo de Estambul para la investigación efectiva de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, asegura que se deben realizar las experticias y las autopsias correspondientes siguiendo los estándares internacionales para ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La ONG sostiene que una investigación imparcial es la única vía para evitar que este caso quede en impunidad, como ha ocurrido con otros casos de violaciones de derechos humanos en el país.

Garantías para todos los detenidos

Cofavic aprovechó para solicitar al Estado venezolano que se verifique la integridad personal de todas las personas detenidas en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a través de medios técnicos independientes y confiables para sus familiares.

Así mismo, que sea condenada la tortura y cualquier forma de trato inhumano o degradante. Las máximas autoridades deben mostrar su total oposición a la tortura y otros tratos crueles. Deben condenarla sin reservas, de manera inmediata, dejando claro a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los miembros de todos los organismos de seguridad que estos crímenes no se tolerarán bajo ninguna circunstancia.

La organización demanda cumplir la obligación establecida en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por los tribunales ordinarios.

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