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viernes, 12 agosto, 2022

Coalición regional Odevida: 44 sindicalistas fueron asesinados en Venezuela entre 2015 y 2020

En la presentación del tercer informe que difundió este miércoles la coalición regional, conformada por representantes de Venezuela, Colombia y Perú, Odevida destacó que de los 44 asesinatos registrados en el país entre 2015 y 2020, uno de los casos está presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)

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Caracas.- La coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida capítulo Venezuela (Odevida) alertó este miércoles, 13 de julio, que entre los años 2015 y 2020 la política estatal dirigida a contrarrestar el activismo laboral y sindical avanzó en prácticas represivas y el saldo fatal de esa situación, en esos cinco años, es de 44 personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales asesinados.

En la presentación del tercer informe que difundió este miércoles la coalición regional, conformada por representantes de Venezuela, Colombia y Perú, Odevida destacó que de los 44 asesinatos registrados en el país entre 2015 y 2020, uno de los casos está presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc).

En ese lapso de cinco años, la plataforma de defensa de derechos humanos añade en su informe que los casos de violencia contra personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales totalizaron 82 reportes.

El paralelismo sindical, como parte de una política estatal coordinada, y el sicariato son tres de los principales elementos que enmarcan la situación de violencia contra líderes sindicales y activistas por los derechos laborales en Venezuela.

«Entre los principales hallazgos de Odevida destaca que esta política contra líderes sindicales y personas defensoras de derechos laborales ha sido una acción coordinada como una política de Estado (..) aquí se pasó de los cabillazos a los asesinatos de líderes sindicales y defensores de derechos laborales», destacó el coordinador de Odevida capítulo Venezuela, Raúl Cubas.

La presentación del informe de Odevida contó la participación de la coordinadora de Derechos Humanos del partido Bandera Roja, Susana Rojas, quien advirtió sobre la reciente ola de detenciones contra los militantes de ese partido, activistas sindicales y laborales, una situación que calificó de alarmante pues se trata de personas que tienen responsabilidades en la defensa de los derechos de protesta en diversos sectores laborales.

«Estamos exigiendo nuestros derechos a la vida. ¿Qué es lo que pide un pensionado, un jubilado? Queremos hacer un llamado de atención, es un SOS que hace el pueblo venezolano. Por eso queremos denunciar la ola represiva de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de los miembros de Bandera Roja y de otros activistas», dijo Rojas.

A propósito de la reciente detención del activista de derechos humanos y sindicales, Gabriel Blanco, su pareja, la también defensora de derechos humanos, miembro de la ONG Provea, y expresa política, Diannet Blanco, resaltó la inocencia del defensor de derechos laborales y la arbitrariedad de las autoridades en su detención registrada el 7 de julio.

«Gabriel Blanco es un activista humanitario y sindicalista, fue víctima de una detención injusta. Por eso exigimos su libertad inmediata, que se cumpla el debido proceso», recalcó Blanco.

En ese contexto, Cubas resaltó que el Estado venezolano está en desacato con respecto a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionadas con la defensa de derechos sindicales. «En los últimos 20 años, más de 150 dirigentes sindicales permanecen bajo régimen de presentación o fueron y están aún detenidos».

Odevida exhorta en su informe tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Nacional y la Fiscalía para que atiendan los llamados de investigación sobre el incremento de la violencia contra líderes sindicales y activistas por la defensa de derechos laborales.

Por su parte, la presidenta del Observatorio de Libertad Sindical, Jacqueline Richter, advirtió que la situación registrada en el país en la actualidad es equiparable a la que se presenta en los países con regímenes dictatoriales. «Los últimos casos de detención lo evidencian, es una política coordinada. Estamos al mismo nivel de las mayores dictaduras del mundo».

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