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jueves, 3 diciembre, 2020

Claves sobre caso de Venezuela en la CPI por crímenes de lesa humanidad

Para efectos del derecho internacional, que seis países hayan solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue a un Estado por violaciones de DD. HH. es un hecho inédito

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Caracas.- Este jueves 5 de noviembre, y luego de una reunión sostenida con el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que “hay una base razonable” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Esta declaración refuerza lo que ya se dijo desde la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, en donde se denuncia la sistemática violación de los Derechos Humanos desde el Estado.

La CPI desarrolla un examen preliminar que consta de cuatro fases. Recientemente culminó la segunda etapa donde la Fiscalía estableció la competencia material para conocer la situación de derechos humanos en Venezuela. En esta fase II, la CPI determinó que hay elementos que le hacen suponer la existencia de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.

El siguiente paso de la CPI (fase III de este informe preliminar) es evaluar si el gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado en la investigación de estos crímenes a través de su sistema de justicia, quien debe determinar a los responsables y culpables. La CPI no puede actualmente investigar a funcionarios de Maduro, eso solamente puede ocurrir cuando termine la cuarta fase del examen preliminar.

¿Pero que implica exactamente esto?

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Alcance de la CPI

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Muchas personas creen que esta declaración de la CPI abre un proceso judicial contra Venezuela, pero la verdad es que no es así. De hecho, la CPI no juzga a Estados, sino a personas e individuos dentro de un gobierno y que han permitido -por orden o por omisión- crimines de lesa humanidad.

En este sentido, no existe ningún juicio activo contra ningún funcionario venezolano por estos crímenes, a pesar de las innumerables denuncias y evidencias en internet.

Esta declaración de la CPI es solo una fase preliminar -de cuatro- en la Fiscalía de la Corte y es parte de un proceso establecido en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela en signatario.

Existen tres maneras de activar una investigación hacia un país:

  1. Art. 14: que sea remitido por un país que forma parte del Estatuto de Roma, bien sea por hechos ocurridos en su país o en otro.
  2. Art. 13: Que sea remitido por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU
  3.  Art. 13: que sea solicitado directamente el Fiscal de la Corte.

Caso Venezuela

En febrero de 2018, la fiscal -aún en el cargo- Fatou Bensouda informó que se había comenzado un examen preliminar por ese despacho contra Venezuela por la presunta violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Esta investigación se instruyó por solicitud de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá por diversos hechos ocurridos en Venezuela desde abril de 2017, cuando se registraron álgidas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Este informe se presentó en mayo de 2018 a un panel de expertos designados por la Organización de Estados Americanos, OEA, con base en la evidencia obtenida hasta ese momento, quienes realizaron una investigación de forma independiente y sus resultados presentados a la Fiscalía.

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Puede tardar años

Ahora, estos elementos obtenidos deben ser presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP), donde se decide si la información presentada cumple con las condiciones para comenzar una investigación que resulte en un juicio penal.

Es decir, allí se decidirá si se procede a la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, y cualquier otro elemento de investigación criminalística que respalde las denuncias presentadas.

Una vez recolectada toda la información de la investigación, los resultados se presentan de nuevo ante la SCP para decida si se autoriza el juicio o no. De no hacerlo, habrá que esperar que se presenten nuevos eventos para presentar el caso de nuevo.

Es, en realidad, un proceso burocrático extenso que puede tomar años, como es el caso de Colombia y el conflicto interno que vivieron por unos 40 años, y que permanece aún en la etapa de investigación desde 2004.

Balance y precedente

Desde su creación y puesta en funcionamiento, en 2002, la Corte Penal Internacional solo ha dictado 15 sentencias, que se tradujeron en cuatro condenas, seis juicios y dos aún en espera de procesos legales.

Una de estas últimas es la acusación, en 2008, contra el expresidente de Sudan, Omar al-Bashir, -el primer jefe de Estado que es señalado de crímenes de lesa humanidad estando en funciones- pero cuyo juicio se ha retrasado por su capacidad de evadir la justicia.

A pesar de haber sido derrocado del poder el abril de 2019, y que la actual junta de gobierno del país acordó entregarlo a la CPI en La Haya en febrero de 2020, la pandemia los obligó a retenerlo en Sudan y forzar el juicio en el país africano.

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