CLAVES | Caso de Venezuela en la CPI por crímenes de lesa humanidad

Para efectos del derecho internacional, que seis países hayan solicitado a la CPI que investigue a un Estado por violaciones de DD. HH. es un hecho inédito. Se espera que en los próximos días el nuevo fiscal Karim Khan anuncie si abre una investigación formal o clausura el informe

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Foto: Archivo

Caracas.- El jueves 5 de noviembre de 2020, y luego de una reunión sostenida con el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que “hay una base razonable” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Esta declaración refuerza lo que ya se dijo desde la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, en donde se denuncia la sistemática violación de los Derechos Humanos desde el Estado.

La CPI desarrolla un examen preliminar desde 2018 que consta de cuatro fases. La segunda culminó y en ella la Fiscalía estableció la competencia material para conocer la situación de derechos humanos en Venezuela.

En esta fase II, la CPI determinó que hay elementos que le hacen suponer la existencia de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.

El siguiente paso de la CPI (fase III de este informe preliminar) es evaluar si el gobierno de Maduro ha avanzado en la investigación de estos crímenes a través de su sistema de justicia, quien debe determinar a los responsables y culpables.

La CPI no puede actualmente investigar a funcionarios del gobernante oficialista, eso solamente puede ocurrir cuando termine la cuarta fase del examen preliminar.

¿Qué implica exactamente esto? A continuación un resumen en claves sobre el caso de Venezuela en la CPI:

Alcance de la CPI

  • Se cree que esta declaración de la CPI abre un proceso judicial contra Venezuela, pero la verdad es que no es así. De hecho, la CPI no juzga a Estados, sino a personas e individuos dentro de un gobierno y que han permitido -por orden o por omisión- crimines de lesa humanidad.
  • En este sentido, no existe ningún juicio activo contra ningún funcionario venezolano por estos crímenes, a pesar de las innumerables denuncias y evidencias en internet.
  • Esta declaración de la CPI es solo una fase preliminar -de cuatro- en la Fiscalía de la Corte y es parte de un proceso establecido en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela en signatario.

Existen tres maneras de activar una investigación hacia un país:

  1. Art. 14: que sea remitido por un país que forma parte del Estatuto de Roma, bien sea por hechos ocurridos en su país o en otro.
  2. Art. 13: Que sea remitido por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU
  3.  Art. 13: que sea solicitado directamente el Fiscal de la Corte.

Caso Venezuela

  • En febrero de 2018, la fiscal Fatou Bensouda, que dejó el cargo el martes 15 de junio, informó que se había comenzado un examen preliminar por ese despacho contra Venezuela por la presunta violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
  • Esta investigación se instruyó por solicitud de los gobiernos de Argentina (que ya retiró su apoyo a la demanda conjunta sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela) Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá por diversos hechos ocurridos en el paísdesde abril de 2017, cuando se registraron álgidas protestas contra el gobierno de Maduro.
  • Este informe se presentó en mayo de ese mismo año a un panel de expertos designados por la OEA, con base en la evidencia obtenida hasta ese momento, quienes realizaron una investigación de forma independiente y sus resultados presentados a la Fiscalía.

  • A pesar de ello, el Gobierno comprometió plena contribución a la CPI y ofreció entregar la información relevante para comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional.
  • Para el 8 de junio de este año, la exfiscal jefa Bensouda, dijo que esperaba anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país.
  • Tarek William Saab, informó el lunes 14 de junio sobre la entrega a la CPI de un cuarto informe que actualiza casos de «sanción ejemplar» por violaciones de derechos humanos, a propósito del examen preliminar.
  • La decisión, que ahora recae sobre el nuevo fiscal británico Karim Khan, tiene, en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.
  • En principio, la decisión se hará pública cuando el tribunal se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el gobierno de Maduro, en la que se quejaba de recibir un trato “discriminatorio” y “desigual”.

Puede tardar años

  • Los elementos obtenidos deben ser presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP), donde se decide si la información presentada cumple con las condiciones para comenzar una investigación que resulte en un juicio penal.
  • Es decir, allí se decidirá si se procede a la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, y cualquier otro elemento de investigación criminalística que respalde las denuncias presentadas.
  • Una vez recolectada toda la información de la investigación, los resultados se presentan de nuevo ante la SCP para decida si se autoriza el juicio o no. De no hacerlo, habrá que esperar que se presenten nuevos eventos para presentar el caso de nuevo.
  • Es, en realidad, un proceso burocrático extenso que puede tomar años, como es el caso de Colombia y el conflicto interno que vivieron por unos 40 años, y que permanece aún en la etapa de investigación desde 2004.

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Balance y precedente

  • Desde su creación y puesta en funcionamiento, en 2002, la CPI solo ha dictado 15 sentencias, que se tradujeron en cuatro condenas, seis juicios y dos aún en espera de procesos legales.
  • Una de estas últimas es la acusación, en 2008, contra el expresidente de Sudan, Omar al-Bashir, -el primer jefe de Estado que es señalado de crímenes de lesa humanidad estando en funciones- pero cuyo juicio se ha retrasado por su capacidad de evadir la justicia.
  • A pesar de haber sido derrocado del poder el abril de 2019, y que la actual junta de gobierno del país acordó entregarlo a la CPI en La Haya en febrero de 2020, la pandemia los obligó a retenerlo en Sudan y forzar el juicio en el país africano.

Con información de EFE

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