CLAVES | Referéndum para Maduro: un derecho violado en 2016

Luego de que las instituciones que maneja suspendieran el referéndum revocatorio solicitado por la oposición a principios de 2016, Nicolás Maduro asoma la posibilidad de que se convoque otro proceso de este tipo en enero de 2022

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Foto: Archivo

Caracas.- Con la llegada de la mayoría opositora al Parlamento en 2016 se abrió una oportunidad para promover de forma constitucional la salida de Nicolás Maduro, quien llegó a Miraflores en 2013 para continuar el mandato del entonces recién reelecto Hugo Chávez, fallecido en marzo de ese año. Aquel 10 de enero, mientras la oposición comenzaba a acostumbrarse al Palacio Federal Legislativo, el presidente cumplía su tercer año en el cargo, requisito fundamental para solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) un referéndum para revocarlo, conforme al artículo 72 de la Constitución.

Para ello, prepararon un proyecto de ley de referéndum que fue aprobado en primera discusión, pero condenado por las autoridades del CNE, quienes de forma irregular se atribuyeron la exclusividad de la iniciativa de un proyecto de ley en materia electoral. Entonces la oposición debía regirse por la Resolución n° 070906-2770, publicada en Gaceta Electoral n° 405 el 18 de diciembre de 2007, la cual indicaba los pasos a seguir para solicitar la activación de este mecanismo. A pesar de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cumplió la primera etapa del proceso y aceptó alteraciones de la norma para poder avanzar, el CNE dio una estocada y suspendió el revocatorio.

Ahora, cuatro años después, Maduro, quien es desconocido por la oposición y la comunidad internacional, recuerda que en 2022 hay otra oportunidad para revocarlo, tras reelegirse en 2018 en unas presidenciales viciadas.

A continuación, El Pitazo describe cómo fue este proceso en 2016:

-El 9 de marzo, la MUD consignó un documento en el que manifestaba su interés de iniciar el proceso de revocatorio. Lo mismo hizo el 15 de marzo y luego el 7 de abril, pero la entonces presidente del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que la MUD no había cumplido los requisitos para pedir la activación del mecanismo y por eso no entregaban las planillas del 1% de las firmas que les permitiera constituirse como una agrupación de ciudadanos. Sin embargo, la oposición no había pedido la activación, sino el formulario para comenzar el trámite.  

-Ante la insistencia de las autoridades de que requerían una cantidad de firmas previas para entregar las planillas, la MUD reunió 200.000 manifestaciones y las llevó el 12 de abril al CNE. 14 días después, el directorio respondió y entregó el formulario, no sin antes aclarar que el 1% debía ser recogido por estado, saltándose el artículo 8 de la resolución que indica que ese 1% de firmas corresponde a la población inscrita en el Registro Electoral del ámbito al que pertenezca el funcionario que se desea revocar. En este caso, como era al Presidente de la República, la recolección de firmas debía ser de carácter nacional, no estadal. El CNE advirtió en esa oportunidad que si no se recogía el 1% en una región el proceso sería inválido. El total a recolectar era 197.978 firmas, de los más de 19 millones de inscritos para ese momento.

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– A partir del 26 de abril, la oposición tenía 30 días para cumplir con el paso. En la planilla, el ciudadano debía poner su nombre y apellido, cédula, domicilio, firma y huella dactilar. Seis días después, la MUD consignó poco menos de 2 millones de firmas en 80 cajas. Casi de inmediato, Maduro creó una comisión que no está prevista en la ley para “vigilar” el proceso. Jorge Rodríguez, quien era alcalde del municipio Libertador de Caracas, estaba a la cabeza y sin tener facultad amenazó a la oposición con suspender el proceso si no se actuaba de forma democrática.

-Por haber sido entregadas las firmas dentro de los 30 días, correspondía que el CNE continuara con el proceso: en cinco días continuos verificar el número de voluntades. Pero la rectora Tania D’amelio dijo que luego de que se cumpliese los 30 días, el Poder Electoral seguiría con el cronograma.

-Fue el 10 de junio, es decir, 38 días después de entregar el 1% de las firmas, cuando Lucena aseguró que, de las 1.957.779 firmas, 1.352.052 iban a ser validadas en la Oficina Regional Electoral correspondiente desde el 20 hasta el 24 de junio en horario de oficina. Este era el siguiente paso, el cual, según Súmate, debía cumplirse entre el 9 y el 15 de mayo. Sobre las 605.727 firmas excluidas, la rectora aseguró que no cumplieron con los requisitos. Extraoficialmente se conoció que más 7.800 firmas fueron anuladas porque no tenían bien escrito el cargo de presidente. Jorge Rodríguez, por su parte, aseguró que también se había sacado del sistema 1.335 firmas de ciudadanos condenados.

-Además de las oficinas regionales, fueron habilitados 128 puntos municipales en donde distribuyeron 300 equipos biométricos para constatar la huella del solicitante. Al finalizar esa jornada de verificación, el líder Henrique Capriles Radonski informó que habían logrado 409.313 firmas, a pesar de la cantidad de máquinas y de su ubicación.

-Luego, de acuerdo con la resolución, venían otros 20 días hábiles para revisar todo el proceso. Pero en la práctica, el CNE tardó un mes para entregar el informe de la auditoría a la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), y seis días más para dar la constancia que le permitía a la MUD solicitar formalmente el revocatorio. Con esto se daba por finalizada la promoción del referéndum: un proceso que debía durar 62 días se prolongó 145 días.  

-La oposición reclamaba celeridad en el proceso, pues si el revocatorio se realizaba después del 10 de enero de 2017, sería el Vicepresidente de la República el que pasaría a ocupar el cargo de Maduro. Apenas recibieron el 1° de agosto la constancia, al día siguiente remitieron la solicitud. Para revisarla, la Copafi tenía 15 días continuos y luego otros 15 días hábiles para que la Junta Nacional Electoral (JNE), presidida por Lucena, propusiera los puntos de recolección para el 20% de las firmas, otro de los requisitos previos al revocatorio. El CNE en su cronograma agregó 6 días hábiles no dispuestos en la ley para atender otras actividades. No obstante, dando cumplimiento a esos lapsos, incluyendo el alterado, se podía finalizar esta fase el 16 de septiembre para convocar el 20% el 17, 18 y 19 de septiembre.

-Pero Lucena dijo el 9 de agosto que con “todos los aspectos de seguridad, técnicos, operativos y de logística”, la recolección se haría “probablemente” a finales de octubre. Esto implicaba que, entre el 14 y el 16 de septiembre la JNE decidiría si se recogían casi 4 millones de firmas, que representan el 20% nacional.

-La Red Electoral Ciudadana denunció que la administración electoral incurría en nuevos retrasos, porque presentaba cronogramas incompletos, añadía fases sobrevenidas y condicionaba el revocatorio, con lo cual se violaban los derechos políticos. “La presentación realizada por la rectora Lucena el 9 de agosto evidencia que no existen justificaciones técnicas para que la recolección no sea realizada en el mes de septiembre”.

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– Transcurrido más de un mes, específicamente el 22 de septiembre, el CNE comunicó que la recolección de firmas se haría el 26, 27 y 28 de octubre en horario de oficina, los tres días reglamentarios que dispone la resolución. Y repitió el patrón: exigió que el 20% fuese estadal, lo cual tampoco está previsto en la norma porque es una elección nacional.

-Una semana antes de esa nueva recolección, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión y dijo que si no se lograba el 20% por estado no se celebraría ningún revocatorio.

-La penúltima estocada del gobierno de Maduro se dio el 20 de octubre: cinco tribunales penales estadales anularon el 1% de las firmas recogidas en seis días entre abril y mayo, y pidieron repetir el proceso. Se trató jueces de Aragua, Apure, Monagas, Bolívar y Carabobo, quienes no tenían competencia para decidir en materia electoral.

-Al día siguiente, sin aparición pública de sus autoridades, el Poder Electoral suspendió el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro hasta que los tribunales emitieran una nueva decisión, lo cual nunca sucedió.

-De acuerdo con la resolución que dicta las normas para realizar el revocatorio, después de la recepción del 20% de las firmas, la JNE verifica los datos en 15 días hábiles, luego convoca el proceso y a partir de allí corren 90 días para celebrarlo.  

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