Caracas.- La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó el martes 27 de junio al fiscal general de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI se produjo luego de que esa instancia evaluara la solicitud de la Fiscalía de la CPI, las observaciones del Estado venezolano, así como de las víctimas, quienes transmitieron 1.875 opiniones a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones.
CPI autoriza a reanudar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concluyó que, si bien el Estado venezolano implementa algunas medidas de investigación, «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación» prevista por la Fiscalía de la CPI.
«Venezuela no está investigando las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel», destacó el informe de la CPI divulgado el martes.
En ese contexto, el abogado especialista en derechos humanos de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Calixto Ávila, precisó los puntos llamativos de la decisión de la CPI sobre el caso Venezuela I, que en El Pitazo presentamos en claves a continuación.
Lapso de la decisión
Ávila destaca el factor tiempo, pues la decisión de los jueces de la CPI se produjo antes de lo previsto si se consideran precedentes similares.
«Si nos atenemos a los dos precedentes: en el caso de Afganistán, la decisión de los jueces ocurrió seis meses después de la presentación del informe de las víctimas. Y en el caso de Filipinas, ocurrió cuatro meses después. En este caso (Venezuela I), estamos hablando de un poco más de dos meses para que se haya producido esta decisión de los jueces», explicó Ávila.
Decisión apelable
Además del tiempo, otra de las características de la decisión de los jueces es que la medida puede ser apelada por el Estado venezolano, según explica Ávila.
«Esta decisión es apelable. El Estado tiene la facultad de apelar con las siguientes características: la primera es que habría una nueva consulta a las víctimas dentro de ese proceso de apelación. La segunda, muy importante, es que las facultades del fiscal de la CPI no serían suspendidas por el hecho de que el Estado apele«, detalló el miembro de Provea.
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Ávila agrega, de acuerdo con la jurisprudencia del caso de Filipinas, que será necesario que los jueces la ratifiquen y, por lo tanto, en lo relacionado con Venezuela, nuevamente acepten la apelación y aclaren que el fiscal mantiene sus facultades investigativas.
Opiniones de víctimas
El abogado de Provea resalta que una de las conclusiones tras la decisión de la CPI es que en Venezuela no se están investigando o no se han investigado actos criminales que puedan constituir crímenes de lesa humanidad y que puedan ser asimilados o considerados similares a la investigación que el fiscal Khan adelanta. En ese contexto, las observaciones de las víctimas son fundamentales.
«La Sala dice que está recogiendo las opiniones de las víctimas transmitidas por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones en la pasada consulta, es decir, los jueces han retomado las consideraciones de las víctimas en su decisión«, destacó Ávila.
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El miembro de Provea puntualizó que las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares dejan claro que en Venezuela no se están investigando los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad.
«En otras palabras, lo que dice la Sala es que en Venezuela no se está investigando si existe un plan o una política de ataque contra una población civil y, por lo tanto, si no se investiga eso, no se están investigando crímenes de lesa humanidad», añadió Ávila.
Cadenas de mando y limitaciones
Ávila resalta que entre las conclusiones es llamativo lo referido a la ausencia de investigación a los más altos responsables, «que es en donde la Corte Penal Internacional fija su competencia».
Además, el abogado de Provea destaca que entre las conclusiones de los jueces de la CPI es importante lo que resaltan sobre las limitaciones en las investigaciones del Estado venezolano y los períodos de inactividad investigativa sin ninguna explicación.
«Los jueces dicen que han existido periodos inexplicables de inactividad investigativa. En particular, dicen que se han reanudado investigaciones a partir de 2020, 2021, de hechos que estuvieron sin ser investigados y que se refieren a 2017, por ejemplo. Esos períodos de falta de investigación son inexplicables», dijo Ávila.
Crímenes ignorados
Entre las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar la investigación en Venezuela, Ávila resalta también lo vinculado con los crímenes ignorados por el Estado venezolano.
«En particular, dice que no se está investigando el crimen de persecución porque no hay información que indique la investigación de la intención discriminatoria de perseguir a un sector de la población», añadió Ávila.
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Además de lo vinculado con el crimen de persecución, las investigaciones de crímenes de naturaleza sexual son insuficientes, según destacan las conclusiones a las que alude Ávila. «Refiere a la remisión de solamente tres crímenes, de lo cuales solo uno tenía información».
Fiscalía de la CPI reanudará investigación
Ávila destaca que con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, el fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudará en lo inmediato la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Lo que viene es que el fiscal de la Corte Penal Internacional verá sus facultades investigativas atribuidas de manera inmediata. A partir de hoy, el fiscal reanuda su investigación y el Estado venezolano tendrá la potestad de apelar, con la aclaración de que pese a eso -si se mantiene la jurisprudencia-, el fiscal mantendrá sus facultades mientras se lleva adelante el proceso de apelación», concluyó el miembro de Provea.
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